El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, defendió este miércoles 21 de octubre la reforma al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) impulsada por el Gobierno, señalando que el organismo presentó 3.263 querellas criminales durante el estallido social de 2019, de las cuales solo 68 habrían tenido algún destino procesal.
Según BioBioChile, la exposición del secretario de Estado ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados marcó el inicio de la tramitación de un proyecto ingresado este lunes al Congreso, que busca reordenar la gobernanza del INDH y ajustar sus atribuciones judiciales al marco que la Constitución y las leyes asignan a cada órgano del Estado.
Querellas del estallido: el argumento central del Gobierno
Rabat fue categórico al justificar la eliminación de la facultad del INDH para presentar querellas criminales, una de las medidas más comentadas de la iniciativa.
“No cabe ninguna duda de que ha habido un abuso en el ejercicio de la acción penal”, sostuvo el ministro.
El secretario de Estado recordó que la persecución penal corresponde, por mandato constitucional, al Ministerio Público, organismo autónomo cuya función es precisamente ejercer la acción penal pública. Ex-ante consignó que solo un 2% de las querellas presentadas por el INDH en el contexto del 18-O registró resultados concretos, cifra que el Ejecutivo utiliza como fundamento del cambio.
La atribución de querellarse fue incorporada durante la tramitación de la ley que creó el instituto, tras un veto de la entonces presidenta Michelle Bachelet. Se trata, por tanto, de una facultad sobreañadida al diseño original de la institución, no de un componente esencial de su misión.
Qué contempla el proyecto de reforma
La iniciativa, ingresada este lunes al Congreso, propone una reestructuración integral del organismo. Sus ejes son los siguientes:
- Reducción del Consejo del INDH de 11 a cinco integrantes.
- Creación de una Dirección Ejecutiva, encargada de la administración y el funcionamiento del organismo.
- Reemplazo de la facultad de presentar querellas criminales por una denuncia institucional ante las autoridades competentes.
- Mantención de los recursos de amparo y protección.
- Incorporación formal de la figura del amicus curiae, con presentaciones especializadas ante los tribunales.
Rabat aseguró que la modificación no debilita la protección de los derechos humanos, pues el INDH conservará sus atribuciones de resguardo jurídico y sumará labores técnicas, como informes y recomendaciones sobre iniciativas legislativas. Según sostuvo el Ejecutivo, citado por VLN Radio, el debate legislativo no debería complicarse, dado que el proyecto se basa en un informe transversal surgido de la Ley de Presupuestos de 2025.
Consejo transitorio y nueva institucionalidad
El subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, explicó que la reforma contempla un consejo implementador de cinco integrantes, designados por el Senado a partir de una nómina presentada por el presidente de la República.
Ese consejo transitorio tendría una duración de dos años, sin posibilidad de reelección, y se encargaría de elaborar los nuevos estatutos y establecer los procedimientos para implementar la nueva estructura institucional.
Concluida esa etapa, el INDH contaría con un consejo permanente de cinco integrantes, con participación de representantes de la sociedad civil, la academia y el Congreso Nacional.
La propuesta permitiría además que el instituto apruebe sus propios estatutos sin requerir la autorización del presidente de la República, medida que el Ejecutivo presenta como un mecanismo para reforzar la autonomía de la entidad.
Críticas de la oposición
La oposición ha reaccionado con reservas. Radio Universidad de Chile reportó las objeciones de parlamentarios como la diputada Lorena Pizarro y los diputados Roberto Celedón y Sergio Bobadilla, quienes sostienen que la iniciativa busca un INDH “domesticado y decorativo”. El Clarín de Chile recogió denuncias sobre un supuesto intento de debilitar la autonomía del organismo, aunque el propio Rabat afirmó que el propósito del Ejecutivo es concentrar las funciones del instituto en su carácter consultivo y de promoción de los derechos fundamentales.
Un debate sobre el rol del Estado
El fondo del asunto excede la coyuntura. La reforma del INDH plantea una discusión institucional de fondo: qué funciones debe ejercer un organismo público de derechos humanos y cuáles corresponden a los órganos que la Carta Fundamental ya contempla para la persecución penal y la administración de justicia.
Un Estado limitado y bien ordenado exige que cada institución cumpla su cometido específico, sin duplicar funciones ni erogar costos judiciales que el propio sistema no puede procesar. Las 3.263 querellas del estallido social, con apenas 68 resultados concretos, ilustran el costo de apartarse de ese principio de especialización.
El proyecto tendrá ahora su discusión en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, donde el Gobierno espera avanzar con el respaldo transversal que, según Rabat, respaldó el diagnóstico en la discusión presupuestaria de 2025.
Preguntas frecuentes
¿Por qué el Gobierno quiere quitarle al INDH la facultad de querellarse?
Porque el Ministerio Público es el organismo autónomo encargado de la persecución penal en Chile, y el Gobierno considera que hubo un abuso de esa atribución durante el estallido social, con 3.263 querellas de las cuales solo 68 tuvieron algún destino, según Rabat.
¿Cuántos consejeros tendría el INDH con la reforma?
El Consejo del INDH pasaría de 11 a cinco integrantes, precedido por un consejo transitorio de dos años encargado de elaborar los nuevos estatutos.
¿El INDH perdería todos sus instrumentos jurídicos?
No. El organismo mantendría la facultad de interponer recursos de amparo y protección, sumaría la figura de amicus curiae y conservaría sus labores de informes técnicos y recomendaciones legislativas.