Juan Aliste Vega, condenado a 42 años de prisión por el homicidio de un carabinero y otros delitos, solicitó un indulto humanitario al Presidente José Antonio Kast el 5 de octubre de 2026. Falleció seis días después, el 11 de octubre, sin recibir respuesta formal del Ministerio de Justicia. Su caso abrió una fractura interna en el Partido Republicano, provocó la renuncia de una militante y reavivó el debate sobre los condenados por violaciones a los derechos humanos recluidos en Punta Peuco.
La solicitud, revelada por BioBioChile, fue presentada cuando Aliste Vega, de 53 años, padecía un cáncer terminal y permanecía internado en el Hospital Penitenciario de Santiago. En su carta al Mandatario, el exmiembro del movimiento Lautaro reconoció la gravedad de sus condenas, expresó su pesar por las víctimas y pidió recibir cuidados paliativos en su domicilio junto a su esposa e hijos.
El abogado defensor, Ricardo Bravo Cornejo, señaló que la defensa solicitó expresamente una tramitación urgente, pero que nunca recibió información clara sobre el estado del expediente. Según fuentes de Gobierno, al momento del fallecimiento, Gendarmería aún reunía los informes de conducta, psicológicos y médicos necesarios para la evaluación, los cuales no llegaron al ministro de Justicia, Fernando Rabat.
¿Qué dice la ley sobre los plazos para un indulto presidencial?
La legislación chilena no establece un plazo determinado para que el Presidente se pronuncie sobre una solicitud de indulto. El abogado Bravo Cornejo cuestionó que esa discrecionalidad deje a los solicitantes sin una respuesta oportuna, especialmente en casos de enfermedad terminal. La defensa ya evalúa nuevas acciones legales ante los tribunales.
El indulto era considerado por la defensa como una alternativa ante el deterioro de la salud de Aliste Vega y la lentitud de las decisiones judiciales. La defensa mantenía además otras acciones legales, y el 7° Juzgado de Garantía había adelantado al 26 de octubre la audiencia para revisar el cumplimiento de la condena, fecha que el imputado no alcanzó a ver.
El respaldo republicano que generó una renuncia
El apoyo al indulto humanitario para Aliste Vega surgió al segundo día de la solicitud, pero no fue unánime dentro del Partido Republicano. El diputado Cristián Araya planteó que evaluar razones humanitarias para Aliste exigía considerar también a internos de Punta Peuco con condiciones de salud equivalentes. José Carlos Meza y el secretario general del partido, Vicente Bruna, reafirmaron la postura de un indulto humanitario transversal.
Sin embargo, Macarena Santelices renunció al partido fundado por Kast, rechazando que el eventual beneficio se utilizara como moneda de cambio para facilitar otros indultos. La defensa de Aliste criticó duramente esa instrumentalización política del caso.
¿Por qué la izquierda cuestiona la comparación con Punta Peuco?
El exministro de Justicia Jaime Gajardo calificó como absolutamente inmoral la utilización del caso Aliste para obtener aceptación de indultos a condenados por crímenes de lesa humanidad. Lorena Fries, de Frente Amplio, reconoció posibles razones humanitarias para Aliste, pero rechazó equiparar su situación con condenas por graves violaciones de derechos humanos. El senador socialista Nelson Venegas cuestionó la propia atribución presidencial de otorgar indultos.
La defensa respondió: consideramos especialmente grave y ofensivo que se haya hablado de esta posibilidad como una eventual moneda de cambio. Juan no podía ser convertido en una moneda de cambio dentro de una discusión ajena a su situación concreta y a su estado terminal.
Las decisiones pendientes para el Presidente Kast
El debate sobre los indultos no comenzó con el caso Aliste. El 6 de marzo de 2025, como candidato, Kast anunció indultos para carabineros que, según su planteamiento, habían sido perseguidos durante el estallido social. Durante la campaña también se abrió a evaluar beneficios para presos de Punta Peuco y reconoció haber visitado ese recinto.
Ya como Presidente, Kast precisó que no había comprometido indultar a todos y mantuvo la evaluación individual de cada solicitud. Desde Justicia reconocieron que el Ejecutivo había recibido más de cien solicitudes este año, mayoritariamente relacionadas con hechos de la dictadura y del estallido social.
El Partido Nacional Libertario cuestiona la lentitud del proceso y pide definiciones antes de terminar el año. Según fuentes de este medio, se esperaba que durante octubre hubiera novedades sobre respuestas a solicitudes de indulto, especialmente las vinculadas al 18-O.
La muerte de Juan Aliste Vega cerró el caso individual, pero dejó abierta la encrucijada para el Presidente Kast, quien deberá definir el rumbo de su política de indultos en un escenario de creciente presión política y jurídica.