El Comité de Diputadas y Diputados del Partido Comunista (PC) e Independientes renunció a su plan de interpelar al ministro de Justicia, Fernando Rabat, y solicitará en cambio una sesión especial de la Cámara para examinar las 56 rebajas de condenas otorgadas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad, según informó El Mercurio de Santiago este 22 de octubre de 2026.
La baja en el nivel de confrontación parlamentaria se produce después de que la propia colectividad calificara el asunto como de máxima gravedad. La decisión mantiene abierta una eventual interpelación futura, de acuerdo con lo reportado por BioBio.
Los antecedentes: 56 decretos exentos firmados por el Ministerio de Justicia
La controversia se originó tras una publicación del medio Interferencia que dio cuenta de que, entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026, el Ministerio de Justicia firmó 56 decretos exentos que concedieron rebajas de condena: 27 por abuso sexual de menores y 29 por violación.
Posteriormente, y de acuerdo con cifras obtenidas por Emol, se supo que en los últimos cinco años se han otorgado 332 rebajas de condena en total, de las cuales 276 se concentraron en los cuatro años de la administración del expresidente Gabriel Boric. Este antecedente sitúa el fenómeno en una perspectiva que trasciende a la actual cartera y que obliga a una revisión serena del marco normativo vigente.
Qué dijeron los diputados comunistas
El diputado Marcos Barraza (PC) calificó la situación como de la máxima gravedad y sostuvo que la colectividad estudiaba una interpelación al titular de Justicia, cartera responsable de las resoluciones.
Tras conocerse más antecedentes, el comité optó por solicitar una sesión especial y estudiar otras acciones para esclarecer las responsabilidades del Gobierno.
El gobierno ha traspasado un límite inaceptable. Indultar a criminales que son violadores o agresores sexuales de niños, niñas y adolescentes no tiene ningún tipo de justificación. Se ponen del lado de los agresores y no del lado de las víctimas.
Barraza formuló esa declaración durante la mañana del miércoles.
Por su parte, la diputada Irací Hassler cuestionó la decisión en relación con los compromisos de seguridad del Ejecutivo.
Este gobierno llegó al poder prometiendo mayor seguridad, prometiendo mayores penas para los delincuentes, pero a los peores delincuentes de nuestro país lamentablemente quieren hoy día generarles un proceso para su liberación. Nosotros vamos a tomar todas las acciones que están en nuestras posibilidades para que esto se revierta y para que esta no sea la tónica del gobierno de venir a liberar a delincuentes.
La defensa del ministro Rabat: cumplimiento de fallos de la Corte Suprema
En medio de los cuestionamientos, el ministro de Justicia defendió la entrega de los beneficios y sostuvo que las resoluciones se ajustaron a criterios establecidos previamente por la Corte Suprema, máximo tribunal de la República.
Con anterioridad a la entrada en vigencia de esa ley, se rechazaban también esas solicitudes, y la excelentísima Corte Suprema acogió recursos de amparo de todas esas personas. Y, por lo tanto, lo que hizo el ministerio, incluso en las resoluciones respectivas se citan cada uno de esos fallos, fue establecer la doctrina que la propia Corte Suprema estableció por la vía de dichos recursos.
Rabat, desde el Congreso, recalcó que la actuación de la cartera respondió al cumplimiento de los pronunciamientos judiciales.
Nada más que eso es el cumplimiento de sentencias de la Corte Suprema.
Segegob: un procedimiento establecido en la ley
El subsecretario de la Secretaría General de Gobierno, Gonzalo Arenas, comentó que la información respecto de los 56 casos firmados por Rabat es bastante malintencionada, ya que supone que hubo una cierta voluntad o intención del Ejecutivo de perdonar a algunos delincuentes que hayan cometido abusos sexuales, y que hay que aclarar el procedimiento.
Arenas destacó que se trata de un procedimiento establecido en la ley, que no es arbitrario por parte de la autoridad si las personas cumplen con los criterios legales, y que la decisión es tomada por las comisiones de rebaja de penas.
Aquí no estamos hablando de algo que si nos gusta o no nos gusta, si no que estamos hablando de algo que está establecido en la ley, es un derecho y no somos un gobierno arbitrario. Somos un gobierno que cumple con la normativa y la normativa es clara.
Qué significa la sesión especial solicitada por el PC
La sesión especial que impulsará el Comité del PC permitirá a la Cámara de Diputadas y Diputados abordar públicamente las rebajas de condenas y determinar las responsabilidades políticas del Gobierno, sin llegar por ahora al mecanismo de la interpelación, que exige formalidades y quórum más exigentes. CNN Chile reportó que esta vía es el primer paso de una ofensiva fiscalizadora que no descarta retomar la interpelación más adelante.
El episodio reabre el debate sobre el alcance de las rebajas de penas en Chile, un beneficio jurídico cuya aplicación a condenados por delitos sexuales contra menores tensiona el principio de seguridad ciudadana que la Constitución de 1980 encarga al Estado como deber primordial. La cifra de 332 rebajas en cinco años, con 276 durante el gobierno de Boric, plantea además la pregunta sobre la doctrina judicial que ha venido expandiendo este beneficio y sobre la necesidad de una revisión legislativa que priorice la protección de las víctimas por sobre garantías administrativas para los condenados.
Preguntas frecuentes
¿Por qué el PC desistió de interpelar al ministro Rabat?
El Comité de Diputadas y Diputados del PC e Independientes optó por solicitar una sesión especial de la Cámara y estudiar otras acciones para esclarecer las responsabilidades del Gobierno, aunque la eventual interpelación sigue abierta como opción futura.
¿Cuántas rebajas de condenas se firmaron y por qué delitos?
Entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026, el Ministerio de Justicia firmó 56 decretos exentos de rebaja de condena: 27 por abuso sexual de menores y 29 por violación.
¿Qué argumentó el ministro Rabat?
Rabat sostuvo que las resoluciones aplicaron la doctrina fijada por la Corte Suprema mediante recursos de amparo, y que la cartera solo cumplió sentencias del máximo tribunal.