Corte de Santiago define el destino judicial del gobernador Orrego en caso ProCultura
La Corte de Apelaciones de Santiago conocerá este martes los argumentos para desaforar al gobernador metropolitano Claudio Orrego, en una audiencia que constituye la prueba de fuego para la Fiscalía de Antofagasta en el marco del caso ProCultura.
El Ministerio Público investiga el destino de recursos públicos por aproximadamente $1.600 millones transferidos desde el Gobierno Regional Metropolitano a la fundación ProCultura, para la ejecución del programa de prevención del suicidio "Quédate".
Irregularidades en el manejo de fondos públicos
Según las investigaciones, más de $1.015 millones no habrían sido debidamente rendidos, conforme a las acciones civiles impulsadas por el propio GORE. La iniciativa estuvo liderada por el psiquiatra Alberto Larraín, fundador de ProCultura y cercano colaborador de Orrego, quien enfrenta investigación por presunto fraude al fisco.
La defensa del gobernador, encabezada por el abogado Ciro Colombara, sostiene que la solicitud de desafuero carece de fundamento jurídico sólido, alegando errores tanto en los antecedentes invocados como en la calificación jurídica de los hechos.
Análisis técnico-jurídico cuestiona la imputación
El académico de la Universidad de Chile, Gastón Gómez Bernales, elaboró un informe en derecho que debilita la imputación penal por inconsistencias fácticas y la utilización de antecedentes erróneos. El documento señala que la Fiscalía habría modificado la calificación jurídica de los ilícitos, desde fraude al fisco a apropiación indebida.
Diversas resoluciones judiciales en Antofagasta y Santiago han coincidido parcialmente con los planteamientos de la defensa, especialmente en materia de competencia y alcance de las imputaciones, generando expectativas sobre un eventual rechazo del desafuero.
Contexto del caso Convenios
Esta investigación se enmarca en el denominado caso Convenios, que involucra traspasos de recursos públicos a fundaciones y eventuales irregularidades en su ejecución. El convenio con ProCultura fue terminado anticipadamente tras cuestionamientos sobre la rendición de fondos.
Cinco integrantes de la fundación, incluyendo a Alberto Larraín, fueron formalizados por presunto fraude al fisco, quedando únicamente con arraigo nacional. Esta medida cautelar ha sido interpretada por expertos como un antecedente relevante para la discusión del desafuero.
Si la Corte acoge la solicitud, Orrego quedaría suspendido de su cargo y habilitado para ser formalizado. En caso contrario, se cerraría temporalmente la vía para imputarle responsabilidad penal directa en esta etapa procesal.