El deterioro institucional de Chile en materia de transparencia exige una respuesta contundente
El reciente Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparencia Internacional confirma una tendencia preocupante que debe ser abordada con la seriedad que merece la institucionalidad republicana. Chile mantiene 63 puntos, cifra que, si bien nos sitúa por encima del promedio regional de 42, no debe ocultar la realidad de un declive sostenido que compromete nuestro liderazgo histórico.
Un liderazgo regional en declive
La medición, que evalúa la percepción de corrupción en el sector público de 182 países mediante una escala de 0 a 100 puntos, revela que Chile ha perdido 10 puntos desde 2014, año en que alcanzamos nuestro mejor registro con 73 puntos. Esta caída nos aleja del estándar que históricamente nos distinguió en la región y que nos permitió competir con economías desarrolladas de la OCDE.
Es significativo que nuestro puntaje actual supere al de naciones como República Checa, Italia, España y Polonia, países con mayor PIB per cápita. Sin embargo, la tendencia descendente es innegable y requiere una respuesta institucional a la altura de los desafíos que enfrenta nuestra democracia.
Los casos que han erosionado la confianza institucional
Los escándalos que han sacudido al país en los últimos años no pueden ser minimizados. El caso Audios y el denominado Muñeca Bielorrusa han comprometido gravemente la credibilidad del Poder Judicial, institución fundamental para el estado de derecho y la seguridad jurídica que requiere la inversión y el desarrollo económico.
La destitución de ministros de la Corte Suprema y de Apelaciones representa un golpe severo a la confianza ciudadana en la justicia. A esto se suman los reiterados casos de irregularidades en municipios y, más recientemente, los escándalos en organizaciones de la sociedad civil como Democracia Viva y Procultura en 2023.
La pérdida del impulso reformista
Lo más preocupante del panorama actual es la ausencia de una respuesta institucional contundente. Chile se caracterizó históricamente por reaccionar ante los escándalos de corrupción con agendas ambiciosas de reformas que enviaban señales claras de tolerancia cero.
Las reformas implementadas en gastos de defensa, financiamiento político, servicio civil, compras públicas y transparencia convirtieron a Chile en un modelo regional. Esta capacidad de respuesta institucional se ha debilitado, limitándose a declaraciones políticas sin traducirse en medidas concretas que fortalezcan la institucionalidad.
El imperativo de la recuperación institucional
Para recuperar el liderazgo que compartíamos con Uruguay en 2014, Chile debe retomar el impulso reformista que nos distinguió. Esto implica fortalecer los mecanismos de control, perfeccionar la legislación sobre transparencia y garantizar que los casos de corrupción tengan consecuencias reales.
La estabilidad institucional no es solo una cuestión de prestigio internacional, sino un requisito fundamental para el crecimiento económico y la atracción de inversiones. Un país que aspira a ser desarrollado no puede permitirse la normalización de prácticas que erosionen la confianza en sus instituciones.
La recuperación de nuestro liderazgo regional en transparencia debe ser una prioridad de Estado, trascendiendo las diferencias políticas coyunturales y enfocándose en el fortalecimiento de las bases institucionales que sustentan nuestra democracia y nuestro modelo de desarrollo.