Corte de Apelaciones rechaza por unanimidad desafuero contra gobernador Orrego
En una decisión que marca un hito jurídico, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó de manera unánime, por 24 votos contra 0, la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía Regional de Antofagasta contra el gobernador metropolitano Claudio Orrego en el marco del Caso ProCultura.
Los fundamentos de la acusación fiscal
La Fiscalía había solicitado el desafuero para formalizar a Orrego por presunto fraude al fisco en modalidad de administración desleal, relacionado con la transferencia de $1.686 millones a la Fundación ProCultura en 2022 para ejecutar el programa de prevención del suicidio "Quédate".
El fiscal Cristian Aguilar argumentó que la fundación carecía de la experiencia técnica y capacidad financiera necesarias para implementar el proyecto de salud mental. Además, señaló que los recursos habrían sido invertidos en fondos mutuos en lugar de ejecutarse en el programa comprometido.
La defensa del orden institucional
La defensa del gobernador, encabezada por el abogado Ciro Colombara, demostró que el convenio se ajustó a las facultades legales del Gobierno Regional para efectuar transferencias de capital destinadas a fines de interés público. El programa "Quédate" constituyó una iniciativa legítima para enfrentar la crisis de salud mental postpandemia.
Crucialmente, la defensa estableció que una vez detectadas irregularidades, el Gobierno Regional adoptó medidas correctivas inmediatas: término anticipado del convenio, exigencia de restitución de fondos y activación de pólizas de garantía. Estas acciones resultan incompatibles con la hipótesis de un acuerdo previo para defraudar al fisco.
Decisión unánime del tribunal
El pleno de la Corte resolvió de forma categórica rechazar el desafuero, considerando que no existían elementos suficientes para formalizar al gobernador. Esta decisión impide, por el momento, la formalización y la eventual solicitud de medidas cautelares contra Orrego.
Implicaciones del fallo judicial
El pronunciamiento judicial confirma la solidez del marco institucional chileno y la importancia de mantener estándares probatorios rigurosos en el sistema de justicia. La decisión unánime demuestra que las instituciones funcionan correctamente cuando se respetan los procedimientos establecidos por la Constitución.
El consejero regional del Partido Republicano, Ignacio Dulger, recordó que la decisión "no borra los hechos ni las responsabilidades determinadas por la Contraloría", manteniendo vigente el proceso de destitución ante el TRICEL.
La investigación penal continúa su curso respecto de los demás imputados del Caso ProCultura, mientras se aguardan los fundamentos de la sentencia para determinar los próximos pasos procesales en este caso derivado del "Caso Convenios".