Desafuero de Orrego: la Corte de Apelaciones define el futuro del orden institucional metropolitano
La Corte de Apelaciones de Santiago enfrenta este martes una decisión trascendental para la estabilidad institucional de la Región Metropolitana: revisar los fundamentos jurídicos para el desafuero del gobernador Claudio Orrego en el marco del caso ProCultura.
La investigación fiscal se centra en la transferencia irregular de 1.600 millones de pesos desde el Gobierno Regional Metropolitano hacia la fundación ProCultura, destinados al programa de prevención del suicidio "Quédate". De estos recursos, más de 1.015 millones permanecen sin rendición adecuada, configurando un presunto detrimento patrimonial al Estado.
Fundamentos constitucionales del proceso
El procedimiento de desafuero constituye una garantía fundamental del sistema republicano, establecida para asegurar que ningún funcionario público permanezca por encima del ordenamiento jurídico. La Fiscalía de Antofagasta debe demostrar ante el tribunal la existencia de elementos suficientes que justifiquen la suspensión de la inmunidad procesal del gobernador.
El psiquiatra Alberto Larraín, fundador de ProCultura y figura central en esta investigación, ya enfrenta formalización por presunto fraude al fisco. Su estrecha vinculación con Orrego durante la ejecución del convenio constituye un elemento probatorio relevante para el análisis judicial.
Argumentos de la defensa y consideraciones jurídicas
La defensa del gobernador, encabezada por el abogado Ciro Colombara, sostiene que la solicitud fiscal carece de fundamentos sólidos. Según el informe jurídico elaborado por el académico constitucionalista Gastón Gómez Bernales, existen inconsistencias fácticas significativas en la imputación, incluyendo la utilización de antecedentes erróneos y la incorrecta calificación de los tipos penales.
Particularmente relevante resulta el cambio de calificación jurídica efectuado por el Ministerio Público, que modificó la imputación desde fraude al fisco hacia apropiación indebida, siguiendo criterios aplicados a otros investigados pero no necesariamente extensibles al gobernador regional.
Precedentes judiciales y competencia territorial
Diversas resoluciones emanadas de tribunales de Antofagasta y Santiago han respaldado parcialmente los planteamientos defensivos, especialmente en materias de competencia territorial y alcance de las imputaciones. Esta jurisprudencia previa fortalece la posición de quienes consideran que el desafuero carece de sustento jurídico adecuado.
La decisión judicial tendrá consecuencias institucionales inmediatas: si la Corte acoge la solicitud, Orrego quedará suspendido de su cargo y habilitado para enfrentar formalización. En caso contrario, se preservará temporalmente la continuidad administrativa regional.
Contexto del caso Convenios
Esta investigación se inscribe dentro del denominado "caso Convenios", que examina traspasos de recursos públicos hacia fundaciones privadas y eventuales irregularidades en su ejecución. El GORE Metropolitano terminó anticipadamente el convenio con ProCultura tras detectar cuestionamientos en la rendición de fondos, activando las acciones legales correspondientes para exigir restitución.
La formalización previa de cinco integrantes de ProCultura, quienes quedaron únicamente con arraigo nacional, constituye un antecedente procesal que podría influir en la evaluación judicial del desafuero, según análisis del académico Diego Muñoz de la Universidad del Desarrollo.
La audiencia de este martes representará, en definitiva, un momento crucial para determinar si las instituciones republicanas mantienen su capacidad de fiscalizar eficazmente el manejo de recursos públicos, independientemente de la jerarquía de los funcionarios involucrados.