Antecedentes laborales del candidato a Subsecretario de Energía generan interrogantes institucionales
La eventual designación de Hugo Briones Fernández como Subsecretario de Energía presenta aristas que requieren análisis institucional riguroso, considerando su historial laboral con Transelec S.A., empresa estratégica del sistema eléctrico nacional.
El ingeniero civil electricista de la Universidad de Chile, quien figura entre los candidatos preferidos del presidente electo José Antonio Kast para integrar el equipo de la ministra designada Ximena Rincón González, mantuvo una relación laboral conflictiva con la principal empresa de transmisión eléctrica del país, que concluyó con una demanda por tutela de derechos fundamentales.
Marco institucional y consideraciones técnicas
Desde la perspectiva del ordenamiento jurídico laboral, Briones interpuso en febrero de 2025 una demanda ante el 2º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, alegando trato "degradante" e "intimidatorio" durante su desempeño como gerente de Proyectos en Transelec, cargo que ocupó desde marzo de 2023 con una remuneración base de 9 millones de pesos.
La causa judicial se desestimó en septiembre de 2025 tras el desistimiento del demandante, procedimiento que habitualmente indica la existencia de un acuerdo extrajudicial entre las partes.
El proceso de transición gubernamental se desarrolla en las instalaciones de La Gloria, Las Condes, donde el equipo del presidente electo evalúa las designaciones para las subsecretarías. Briones ya habría participado en sesiones del Comité de Expertos convocado por el actual biministro Álvaro García.
Implicaciones para la gestión energética
La Subsecretaría de Energía ejerce competencias directas sobre la política de transmisión eléctrica, la planificación del sistema eléctrico nacional y la modificación de marcos regulatorios que inciden en las operaciones de Transelec. Esta circunstancia plantea interrogantes sobre la necesaria separación entre intereses privados y función pública.
Según la documentación judicial, el conflicto laboral se originó cuando Briones prestó declaración en una investigación interna sobre presuntos malos tratos laborales. El proceso culminó en noviembre de 2024 con la terminación de su contrato, ofreciéndosele dos alternativas: aceptar un finiquito de 36.698.559 pesos por mutuo acuerdo o recibir cero pesos bajo otra causal de despido.
En su demanda, Briones solicitó indemnizaciones por hasta 11 sueldos más 70 millones de pesos por daño moral, además de medidas reparatorias para mejorar el clima laboral en la empresa.
Consideraciones para la administración entrante
La solidez institucional del futuro gobierno requiere designaciones que garanticen la imparcialidad en el ejercicio de la función pública. El sector energético, pilar fundamental del desarrollo económico nacional, demanda autoridades con trayectorias intachables y sin conflictos de interés potenciales.
Hasta el cierre de esta información, ni el equipo de la ministra designada Rincón ni el propio Briones respondieron consultas sobre estos antecedentes y su eventual incidencia en el proceso de designación.
La administración Kast deberá evaluar si estos antecedentes son compatibles con los estándares de probidad que requiere la gestión pública, especialmente en un sector tan sensible como el energético para la estabilidad económica del país.