Vivanco enfrenta decisión clave en formalización por cohecho y lavado
La exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco conocerá este viernes su situación procesal definitiva en el marco de la denominada trama bielorrusa, tras una intensa jornada de alegatos en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
La formalización por presuntos delitos de cohecho y lavado de activos en el conflicto entre Codelco y la empresa CBM ha puesto en evidencia las complejidades jurídicas que surgen cuando se investiga a integrantes del Poder Judicial.
Estrategia defensiva cuestiona origen de la investigación
El abogado Jorge Valladares adoptó una defensa frontal, cuestionando no solo los hechos imputados sino el origen mismo de la investigación. Su estrategia apuntó a caracterizar el proceso como una "camotera institucional", argumentando que la causa no surge de antecedentes autónomos del Ministerio Público, sino como reacción a presiones mediáticas.
La defensa sostuvo que se está utilizando incorrectamente el delito de cohecho para evitar abordar directamente una eventual torcida administración de justicia, figura que exigiría estándares probatorios distintos y más rigurosos.
Cuestionamientos sobre responsabilidad colegiada
Un punto central del alegato defensivo fue la inconsistencia de imputar a una sola exministra por resoluciones adoptadas de manera colegiada. Valladares planteó que, bajo la lógica fiscal, deberían estar formalizados todos los ministros que participaron en las decisiones cuestionadas.
Asimismo, la defensa destacó el presunto trato diferenciado hacia otros involucrados, particularmente Gabriel Silver, quien pese a los antecedentes que lo vincularían a los hechos, no enfrenta cargos penales.
Fiscalía defiende solidez de la investigación
La fiscal regional Carmen Gloria Wittwer defendió la validez de la cooperación del imputado Eduardo Lagos, explicando que su declaración fue solicitada por el propio abogado defensor en el marco de un acuerdo formal con el Ministerio Público.
Por su parte, Codelco, en calidad de querellante, reforzó la tesis de que existe una "secuencia concreta y documentada" de actuaciones que configurarían infracciones graves a los deberes del cargo.
Precedente institucional en juego
La resolución del magistrado Cristian Sánchez será determinante no solo para el futuro procesal de Vivanco, sino para establecer un precedente sobre los límites de la responsabilidad penal por decisiones adoptadas en tribunales superiores de justicia.
El caso evidencia la tensión entre la necesidad de preservar la independencia judicial y la obligación de investigar presuntas irregularidades en el ejercicio de la función jurisdiccional, un equilibrio fundamental para la institucionalidad democrática del país.