Morosos CAE: Fisco ejecuta cobros por deuda millonaria
La Tesorería General de la República (TGR) ha iniciado los embargos a cuentas corrientes de los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), en ejercicio de sus atribuciones legales y en cumplimiento del mandato del Gobierno del Presidente José Antonio Kast. La medida busca restituir el patrimonio fiscal y garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los beneficiarios del instrumento.
El peso de la deuda fiscal
De acuerdo con los antecedentes proporcionados por la TGR, más de 550 mil personas no han cumplido con sus obligaciones de pago asociadas al CAE. Como consecuencia directa de este incumplimiento, el fisco ha debido cubrir dichos créditos ante los bancos respectivos, acumulando a la fecha una deuda a su favor superior a los $4 billones de pesos, cifra que equivale a aproximadamente 1,3 y 1,5 puntos porcentuales del PIB nacional.
La TGR concentra el 59% del total de los montos adeudados, lo que refleja la magnitud del compromiso que el Estado ha asumido frente a las instituciones financieras y que ahora exige sea restituido en resguardo de la estabilidad macroeconómica y la responsabilidad fiscal.
Caracterización de los deudores
Un estudio de Acción Educar, con datos actualizados hasta diciembre de 2025, detalla que el universo total de deudores alcanzaba a esa fecha los 966.795 beneficiarios. De este total, los morosos estrictos, es decir, aquellos sin pagos regularizados, ascendían a 693.710 personas.
Del universo total, un 61,4% mantiene la garantía ejecutada o el crédito acelerado, mientras que menos del 30% se encuentra al día con sus pagos. El informe precisa que la proporción de deudores al día es mayor en los quintiles 4 y 5, con un 33,2% y un 38,6% respectivamente, en tanto que la mora aumenta en la medida que disminuyen los ingresos.
Distribución de los montos adeudados
La deuda promedio de los beneficiarios del CAE asciende a los $9,6 millones de pesos. Sin embargo, la desagregación por tramos revela una concentración significativa en montos inferiores:
- Un 25,3% de los beneficiarios posee una deuda inferior a los $3 millones.
- Un 28,6% adeuda entre $3 y $7 millones.
- Un 24% registra deudas entre $7 y $15 millones.
- Un 17,9% se ubica en el tramo de $15 a $30 millones.
- Sólo un 4,2% del total adeuda más de $30 millones de pesos.
En relación con el tipo de institución, un 41% de los deudores cursó estudios en un instituto profesional y un 34,4% en una universidad privada no perteneciente al CRUCH, lo que plantea interrogantes sobre la rentabilidad y calidad de retorno de dichas inversiones educativas.
Responsabilidad individual y acción del Estado
El Tesorero General, Hernán Nobizelli, informó que en lo que va del año más de 32 mil personas han suscrito convenios de pago que consideran la situación económica acreditada de cada individuo. Esta vía permite regularizar las obligaciones de manera ordenada y conforme a derecho, sin perjuicio de las acciones de cobro ejecutivo que la ley faculta.
Actualmente, existen cerca de 1.280.000 deudores del CAE, distribuidos en distintas etapas: un 25% se encuentra en etapa de estudio o gracia; un 29% posee cuadro de pago activo; y un 46% mantiene la garantía ejecutada o el crédito acelerado.
En términos de saldos, la mayor parte de la deuda se concentra en los beneficiarios con garantía ejecutada o crédito acelerado, quienes representan el 47,8% del total adeudado. Los beneficiarios cuyo crédito aún no es exigible concentran el 23,5%, mientras que los deudores con cuadro de pago activo representan el 28,7% restante.
Impacto en la suscripción del instrumento
La suscripción al CAE ha experimentado una disminución relevante. Entre 2015, año previo a la entrada en vigencia de la gratuidad, y 2020, en el contexto de la pandemia, el número de personas que accedieron por primera vez al crédito cayó un 34,3%. El valor de la cuota mensual promedio se sitúa en $59.053 pesos (1,49 UF), con un 74,3% de los deudores pagando una cuota inferior a 2 UF y sólo un 1,7% abonando más de 5 UF.
El ejercicio de las facultades de cobro por parte de la TGR no constituye una medida excepcional, sino el ejercicio legítimo de las atribuciones que la ley confiere al Estado para resguardar los recursos públicos. El principio de responsabilidad individual y el cumplimiento de las obligaciones contractuales resultan fundamentales para la preservación del crédito público y la confianza en las instituciones.