Comunidad Cahuala en Chiloé: querella formaliza graves acusaciones de secta, trata y explotación sexual
Una ampliación de querella presentada ante el Juzgado de Garantía de Castro ha puesto en el centro del debate público a la denominada comunidad Cahuala, asentada en la región de Los Lagos y con presencia en otras ciudades del país. Los exintegrantes María Jesús Carrascosa y Alfredo Urrutia acusan a esta organización de operar como una presunta secta durante décadas, captando a personas en situación de vulnerabilidad para someterlas a explotación laboral y sexual en la isla de Chiloé.
¿Qué delitos se imputan a la comunidad Cahuala?
La acción judicial, a la que tuvo acceso Bío Bío, solicita al Ministerio Público ampliar la investigación iniciada en 2019 para incorporar los delitos de trata de personas y asociación ilícita destinada a cometer ese ilícito. Los imputados señalados son Enrique Urrutia Aburto, conocido como “El Líder”, y su pareja María Alejandra Pinto Martínez.
Según el relato de los querellantes, ambos habrían ejercido un control absoluto sobre los miembros de la comunidad, manipulando aspectos fundamentales de sus vidas, como el lugar de residencia, el trabajo, las relaciones personales y la vida afectiva y sexual.
El modus operandi de una estructura sectaria
De acuerdo con el documento, Carrascosa y Urrutia llegaron a la comunidad en un momento de crisis personal y profesional, tras ser contactados por un psicólogo que los vinculó con Enrique Urrutia. Durante 15 años, vivieron en distintas sedes del círculo, desde La Mesilla en Vallenar, pasando por Santiago, hasta establecerse finalmente en Chiloé.
Allí trabajaron activamente en la estructura económica que sustenta a la comunidad: un colegio (Colegio Cahuala de Castro), sociedades agrícolas, una empresa consultora (Cahuala Consultores), un centro terapéutico y otros negocios. Todo ello, según la querella, sin recibir remuneración efectiva alguna.
Los exintegrantes describen un proceso sistemático de aislamiento familiar, manipulación psicológica y control absoluto. “Se anuló progresivamente nuestro sentido común, criterio, objetividad y personalidad, alejándonos cada vez más de la realidad”, señala la querella.
Explotación sexual y abusos reiterados
María Jesús Carrascosa acusa haber sido víctima de acoso y explotación sexual por parte de Enrique Urrutia durante años. Según su testimonio, el líder ejercía un control total sobre la vida afectiva y sexual de los integrantes, aprovechándose de la dependencia psicológica que había construido sobre ellos.
El abogado querellante, Ignacio Zúñiga, explicó a Radio Bío Bío que la investigación también incluye antecedentes vinculados a la muerte de menores de edad en extrañas circunstancias dentro de los terrenos de la comunidad. “Hay antecedentes que dan cuenta del entierro de un menor en un cementerio clandestino”, afirmó.
Una estructura jerárquica piramidal
Zúñiga describió a la comunidad como una “estructura jerárquica piramidal, con un líder espiritual omnipotente y todopoderoso que definía todos los aspectos de las vidas de las personas: desde la sexualidad hasta la relación con los propios familiares, las parejas, las relaciones sexuales, la reproducción, el trabajo”.
La querella sostiene que la comunidad operaba bajo tres ejes principales: el poder, el dinero y el sexo, todos controlados a voluntad del líder espiritual.
Estado actual de la investigación y medidas cautelares
La formalización de cargos contra Enrique Urrutia y María Alejandra Pinto estaba programada para este jueves, pero fue suspendida debido a que la defensa de los imputados alegó vicios en la notificación. La nueva fecha se fijó para el 2 de septiembre próximo.
Ante el riesgo de fuga, el tribunal ordenó el seguimiento de los movimientos migratorios de los imputados y la posibilidad de decretar la denominada Alerta Blue, un mecanismo que permite la comunicación directa entre la Fiscalía y Extranjería para impedir su salida del país.
Consecuencias para las víctimas
Los denunciantes, que abandonaron la comunidad en 2015 para radicarse en España, aseguran que hasta la actualidad enfrentan secuelas psicológicas derivadas de su permanencia en Cahuala, además de haber perdido años de desarrollo profesional y patrimonio.
La defensa de las presuntas víctimas solicita al Ministerio Público ampliar la investigación, formalizar a los imputados y decretar diversas diligencias investigativas para esclarecer la totalidad de los hechos.
Preguntas frecuentes sobre el caso Cahuala
¿Qué es la comunidad Cahuala?
Es una organización con sede en Chiloé y presencia en otras regiones del país, acusada de operar como una secta que captaba personas vulnerables para explotarlas laboral y sexualmente.
¿Quiénes son los principales imputados?
Enrique Urrutia Aburto, conocido como “El Líder”, y su pareja María Alejandra Pinto Martínez.
¿Qué delitos se investigan?
Trata de personas con fines de explotación laboral y sexual, asociación ilícita, abusos sexuales y la muerte de menores de edad en circunstancias extrañas.
¿Cuándo se realizará la formalización de cargos?
La audiencia fue reprogramada para el 2 de septiembre de 2026, tras ser suspendida por vicios en la notificación.