Cámara de Representantes estadounidense se apresta a votar el fin del cierre gubernamental más extenso de su historia
Los legisladores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos retornan este miércoles a Washington para pronunciarse sobre el término del cierre gubernamental, que tras 43 días de duración constituye el más prolongado en la historia institucional norteamericana, paralizando el sistema de transporte aéreo, retrasando la asistencia alimentaria a millones de ciudadanos y suspendiendo las remuneraciones de los funcionarios federales.
El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, manifestó su confianza en que la legislación, producto de arduas negociaciones en el Senado y respaldada por el presidente Donald Trump, será aprobada expeditamente. No obstante, deberá mantener la cohesión de su partido, internamente dividido, frente a la férrea oposición de los demócratas de la Cámara Baja, cuyos dirigentes los conminan a rechazar la normativa.
Consecuencias del prolongado cierre institucional
Los efectos del cierre gubernamental se han intensificado considerablemente en los últimos días, incrementando la urgencia de hallar una solución política efectiva. El secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió el martes sobre la inminencia de "numerosas perturbaciones adicionales hacia el fin de semana si el gobierno no reanuda sus operaciones".
"El sistema se ralentizará drásticamente, por lo cual la Cámara debe cumplir con su responsabilidad institucional", declaró desde el aeropuerto internacional O'Hare de Chicago.
La normalización del tráfico aéreo podría demandar varios días, mientras que la mayoría de los 42 millones de estadounidenses de bajos recursos inscritos en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) requerirán un período aún mayor para recibir los beneficios acumulados. Se prevén extensas acumulaciones de trámites y demoras en todo el aparato federal durante el proceso de reapertura.
Acuerdo bipartidista en el Senado
El lunes, ocho senadores demócratas moderados votaron junto a los republicanos a favor de un plan de compromiso que reabriría el gobierno federal hasta el 30 de enero y financiaría determinadas agencias hasta fines de septiembre del próximo año.
Trump, quien debe sancionar la ley tras su aprobación en la Cámara de Representantes, adoptó un rol secundario en las negociaciones, rehusando reunirse con los demócratas y realizando frecuentes viajes durante el cierre gubernamental. Sin embargo, su respaldo al acuerdo facilitará a Johnson la obtención del apoyo republicano, pese a las reservas persistentes sobre ciertos aspectos del mismo.
El representante Andy Harris, líder del ultraconservador Caucus de la Libertad de la Cámara de Representantes, ha ofrecido su apoyo, señal de que otros miembros del ala derecha del partido podrían sumarse a la iniciativa.
Disposiciones de la legislación
La legislación reintegraría a los trabajadores federales cesanteados durante el cierre, garantizaría el pago retroactivo a los empleados suspendidos y evitaría nuevos despidos hasta fines de enero, suavizando esencialmente las medidas restrictivas implementadas por Trump durante el cierre gubernamental.
La medida excluye notablemente la extensión de los créditos fiscales para las primas del sistema sanitario conocido como Obamacare, elemento central de las exigencias demócratas para evitar el cierre gubernamental. Aunque el líder de la mayoría en el Senado, John Thune, ha prometido una votación sobre estos subsidios en las próximas semanas, su continuidad después del 31 de diciembre dista considerablemente de estar asegurada.
Los dirigentes demócratas, fortalecidos por las victorias electorales estatales en Nueva Jersey y Virginia, mantuvieron su exigencia de prórroga de dichos subsidios. No obstante, los centristas del partido en el Senado consideraron la promesa de Thune de una votación futura, sumada a las protecciones laborales y el gasto alimentario completo incluidos en la legislación, como una vía viable para la reapertura gubernamental.
Con el cierre gubernamental prácticamente finalizado, el Congreso debe trabajar contrarreloj para eliminar el retraso legislativo acumulado, incluyendo medidas para financiar el resto del gobierno hasta el final del año fiscal en septiembre y otros proyectos de ley anuales imprescindibles, incluida la legislación sobre política de defensa.