Chile requiere políticas ordenadas ante migración climática interna
Chile enfrenta una realidad ineludible: la migración climática interna se ha convertido en un fenómeno presente que demanda políticas públicas ordenadas y estructuradas, basadas en evidencia científica y marcos jurídicos sólidos.
Según datos de ACNUR, al cierre de 2024 existían 123,2 millones de personas desplazadas forzosamente a nivel mundial, lo que representa una de cada 67 personas en el planeta. Sin embargo, los desplazamientos ya no obedecen únicamente a conflictos armados o crisis económicas: los eventos climáticos extremos constituyen una causa creciente de migración.
Magnitud del desafío global
Las cifras revelan la magnitud del fenómeno. En 2019, se registraron 1.900 eventos climáticos extremos que provocaron el desplazamiento interno de 24 millones de personas en 140 países. El Banco Mundial proyecta que para 2050, 216 millones de personas podrían desplazarse debido a eventos climáticos extremos.
La Organización Internacional para las Migraciones estima que entre 44 y 113 millones de personas migrarán internamente hacia 2050 por impactos climáticos graduales como escasez hídrica, deterioro de cultivos y aumento del nivel del mar.
Chile: receptor y generador de migración climática
Nuestro país enfrenta una doble condición: potencial receptor de migración climática regional, dada su diversidad geográfica y climática, y generador de desplazamientos internos por eventos meteorológicos extremos.
Monte Patria, en la Región de Coquimbo, constituye el primer caso documentado por Naciones Unidas en 2017 de desplazamiento climático en Chile, cuando 15% de sus habitantes migró por escasez hídrica. Petorca presenta una situación similar desde 2010.
Imperativo de políticas estructuradas
La ausencia de reconocimiento legal y políticas específicas para ordenar estos desplazamientos representa una deficiencia institucional que debe corregirse mediante marcos normativos apropiados.
Las principales causas de migración climática nacional incluyen sequías, escasez hídrica, degradación ambiental y desastres socio-naturales. Esto exige iniciativas de mitigación en zonas recuperables y programas de restauración en territorios gravemente afectados.
Resulta fundamental integrar esta realidad en los planes de adaptación al cambio climático, considerando impactos psicológicos, pérdida de redes sociales y tensiones territoriales, especialmente en zonas rurales.
Planificación territorial responsable
El control migratorio efectivo trasciende el simple cierre de fronteras. Requiere planificación territorial científicamente fundamentada, que prepare al país para mitigar efectos climáticos, proteger vidas humanas y sistemas productivos, facilitando adaptación ordenada a eventos extremos.
La estabilidad institucional y el desarrollo económico sostenible demandan políticas que prevengan la formación de nuevas zonas de sacrificio socioambiental, garantizando integración ordenada de poblaciones desplazadas.
Chile debe liderar regionalmente en la implementación de marcos jurídicos y políticas públicas que aborden la migración climática con criterios de orden, eficiencia y respeto al Estado de derecho.