Chile requiere políticas migratorias estructuradas ante la realidad de los desplazamientos climáticos internos
La República enfrenta un desafío institucional de primer orden: la ausencia de un marco jurídico que ordene los desplazamientos poblacionales provocados por eventos climáticos extremos. Esta carencia normativa amenaza la estabilidad territorial y demanda una respuesta estatal inmediata y estructurada.
Según datos de ACNUR, 123,2 millones de personas se encuentran desplazadas forzosamente a nivel mundial, cifra que evidencia la magnitud de un fenómeno que trasciende las fronteras nacionales. Sin embargo, los desplazamientos climáticos representan una categoría específica que requiere atención diferenciada por parte del Estado chileno.
La realidad nacional: casos documentados y proyecciones
Monte Patria, en la Región de Coquimbo, constituye el primer caso reconocido oficialmente por Naciones Unidas en 2017 como comunidad desplazada climáticamente. El 15% de sus habitantes debió migrar debido a la escasez hídrica, estableciendo un precedente que se replica en localidades como Petorca, afectada desde 2010 por la crisis del recurso hídrico.
Los datos internacionales proyectan un escenario complejo: el Banco Mundial estima que 216 millones de personas podrían desplazarse por eventos climáticos extremos hacia 2050. La Organización Internacional para las Migraciones advierte que entre 44 y 113 millones de personas migrarán internamente por impactos climáticos graduales.
Imperativo institucional y planificación territorial
La Organización Meteorológica Mundial identifica a América Latina y el Caribe como una de las regiones más vulnerables a migraciones climáticas. Chile, por su diversidad geográfica y climática, enfrenta un doble desafío: convertirse en receptor de migración regional y gestionar desplazamientos internos crecientes.
La ausencia de políticas específicas genera vacíos normativos que comprometen la integración ordenada de ciudadanos desplazados y la estabilidad de las comunidades receptoras. Esta situación exige una respuesta estatal que privilegie la planificación territorial, la seguridad jurídica y el orden institucional.
Hacia una política migratoria climática estructurada
El Estado debe implementar un marco regulatorio que reconozca legalmente los desplazamientos climáticos internos, estableciendo mecanismos de integración territorial que preserven la cohesión social y el desarrollo económico regional.
La planificación territorial debe basarse en criterios técnicos rigurosos, priorizando la mitigación de impactos ambientales y la protección de sistemas productivos. Esta aproximación garantiza la estabilidad institucional y previene tensiones sociales derivadas de migraciones desreguladas.
La respuesta estatal debe articular políticas de adaptación climática con enfoque territorial, protegiendo tanto a las poblaciones desplazadas como a las comunidades receptoras, mediante instrumentos jurídicos que aseguren la integración ordenada y el desarrollo sostenible.