Prudencia fiscal: condición indispensable para el crecimiento

El proyecto de ley procrecimiento del Gobierno representa un avance necesario para revertir el estancamiento económico de Chile, pero su éxito depende de compensaciones fiscales rigurosas. Sin una senda de convergencia presupuestaria creíble, el deterioro de las finanzas públicas puede anular los beneficios de la reactivación y comprometer la estabilidad macroeconómica del país.

¿Por qué Chile no puede seguir creciendo al 2% anual?

Afortunadamente, hoy son pocos los que discuten la necesidad de un giro en materia de crecimiento. Incluso sectores que ayer relativizaban su importancia reconocen ahora su urgencia. Chile no resiste más un ritmo mediocre del 2% anual. En este contexto, el proyecto de ley del Gobierno que elevaría en 0,5 puntos porcentuales el crecimiento promedio hasta 2040, según el Informe de Impacto Regulatorio, constituye un puntapié inicial indispensable, aunque aún insuficiente para alcanzar el 4%.

Precisamente porque sus medidas procrecimiento son relevantes, resulta imperativo mitigar sus costos y riesgos fiscales. La situación fiscal del Estado chileno sigue siendo frágil, y prolongar esa debilidad atenta contra el propio objetivo de reactivación que se persigue.

¿Cuál es el estado real de las finanzas públicas chilenas?

Chile está al borde de superar el umbral prudente de deuda pública del 45% del PIB. Puede debatirse el guarismo exacto, pero no el incremento sistemático de la deuda, acompañado de déficits fiscales persistentes y más elevados. Entre 2010 y 2019, el déficit estructural anual promedió 1% del PIB. Durante la administración anterior, sin mediar crisis alguna, saltó al 2,3% del PIB. Las metas del actual Gobierno no dibujan un panorama significativamente mejor: promediaría casi 2% del PIB. Sin el reciente ajuste metodológico del cobre, que permite comparar bajo la misma vara con la administración precedente, ese promedio alcanzaría el 2,5% del PIB.

Esta es la porfiada realidad fiscal. Algunos seguirán apostando a que basta con redoblar los recortes para enmendarla. Sin embargo, incluso la encomiable y decidida agenda de ajuste del actual Gobierno apenas logra contener el gasto, no reducirlo. Las presiones de gasto terminan imponiéndose: si la meta para 2026 era reducirlo en 4%, el Informe de Finanzas Públicas proyecta que donde decía $100 no terminaremos en $96, sino gastando $102. El sector Salud ilustra claramente estas presiones: la sobreejecución, que entre 2010 y 2019 promedió 0,4% del PIB y entre 2022 y 2025 alcanzó 0,8%, se repetirá este año.

¿Por qué el proyecto procrecimiento requiere compensaciones fiscales?

Este complejo trasfondo fiscal constituye la primera razón por la cual el proyecto de ley necesita compensaciones. Urge una senda de convergencia más robusta que la definida por el Gobierno, hoy claramente insuficiente. De lo contrario, completaremos ocho años con un déficit estructural promedio del orden del 2% del PIB, en el marco de un proyecto deficitario al menos hasta 2032.

Sin el mayor crecimiento que generarían sus medidas, el déficit anual aumentaría permanentemente en 0,6% del PIB. Incorporando el mayor crecimiento esperado, el déficit adicional promediaría 0,4% del PIB hasta 2032, con superávits posteriores. Pero ese es un valor esperado: el resultado efectivo puede desviarse tanto en magnitud como en timing. Ese riesgo debe considerarse con seriedad institucional.

La segunda razón es asegurar el objetivo mismo del proyecto: crecer. Agregar costos y riesgos fiscales desde una posición deteriorada y sin una convergencia clara puede contrarrestar el mayor crecimiento esperado.

¿Qué riesgos económicos conlleva la debilidad fiscal?

El primer canal de riesgo es financiero. Una trayectoria de alto déficit estructural y riesgo de desviaciones eleva la probabilidad de deterioro en la clasificación de riesgo de Chile. Una rebaja crediticia de un escalón implicaría un mayor costo de financiamiento, tanto en deuda como en capital, de unos 30 puntos base para toda la economía. Puede parecer menor. No lo es. Para las empresas, la pérdida de valor presente por ese mayor costo equivale a subirles la tasa corporativa en cerca de 3 puntos porcentuales. En términos simples: esa rebaja contrarrestaría buena parte de las ganancias de reducir la tasa corporativa en 4 puntos.

El segundo canal son las expectativas de los inversionistas. Ante una trayectoria de alto déficit y dudas sobre la sostenibilidad fiscal del proyecto, aumenta el riesgo de que las medidas tributarias se reviertan mañana o de que los impuestos corporativos suban por otra vía. Esa incertidumbre debilita su efecto reactivador y aleja el capital extranjero que el país requiere.

¿Qué medidas concretas permiten compensar el costo fiscal?

Toda esta evidencia subraya la necesidad de compensar y mitigar riesgos. Una primera vía es reducir gasto. Pero confiarlo todo a esa senda es poco realista: incluso los decididos esfuerzos actuales solo logran contenerlo parcialmente. Una segunda vía es bajar el costo del proyecto, acotando el crédito al empleo, que representa 0,4% del PIB. Una tercera es allegar ingresos permanentes. Las alternativas existen:

• Terminar con la renta presunta: 0,05% del PIB.
• Eliminar créditos y devoluciones del impuesto específico al diésel: 0,15% del PIB.
• Elevar ese impuesto a la mitad del de las gasolinas, manteniendo créditos: 0,15% del PIB.
• Regular y gravar las apuestas online: 0,1% del PIB.

En su último Informe de Finanzas Públicas, el Gobierno corrigió a la baja los ingresos proyectados de la Ley de Cumplimiento Tributario de 2024: de 1,5% del PIB a un más realista 0,5% del PIB. Cabe reconocer la aplicación de un sano criterio prudencial. Pero, por consistencia, sería deseable invocar ese mismo principio para mitigar los costos y riesgos fiscales de un proyecto con valiosas medidas procrecimiento.

Así como es imperativo retomar el crecimiento, también lo es asegurar, con criterio prudencial, una convergencia fiscal más ambiciosa. La estabilidad macroeconómica no es un capricho conservador: es la base sobre la cual se sustenta la libre empresa, la inversión y el progreso material de los chilenos. El proyecto procrecimiento y su impacto ganarán con ello.

Por Ignacio Briones R., profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, presidente de Horizontal y exministro de Hacienda.