Caso Sartor: Prisión preventiva para los hermanos Larraín, Michael Clark y Sergio Yáñez
En una resolución que refuerza el principio de que nadie está por encima de la ley, la jueza Paulina Moya, del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, decretó este martes prisión preventiva para cuatro de los once imputados en el denominado caso Sartor. La medida, solicitada por el Ministerio Público, responde a la gravedad de los delitos y al peligro que la libertad de los acusados representa para la investigación y la seguridad de la sociedad.
¿Quiénes ingresaron a prisión preventiva?
La magistrada ordenó el ingreso a prisión preventiva de Pedro Pablo Larraín Mery, excontrolador de Sartor AGF, y su hermano Carlos Larraín, exdirector de la misma entidad; Michael Clark, excontrolador del FIP Tactical Sport y expresidente de la concesionaria Azul Azul; y Sergio Yáñez, excontrolador del factoring Emprender Capital.
Durante la tarde, Gendarmería confirmó que los hermanos Larraín y Sergio Yáñez fueron ingresados al Centro de Detención Preventiva Santiago I, mientras que Michael Clark fue derivado a la unidad Capitán Yáber, anexa al Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (Repas).
El organismo señaló que, conforme a los protocolos habituales, los imputados fueron sometidos a la revisión documental, evaluación de salud y posterior clasificación para su ubicación en las dependencias correspondientes.
Los fundamentos de la resolución judicial
En su extensa argumentación, la jueza Moya destacó que, en el caso de Pedro Pablo Larraín, tras la intervención de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el imputado habría instruido la destrucción de su teléfono celular y la eliminación de su contenido. De manera similar, en el caso de Clark, se verificaron gestiones para borrar conversaciones de servicios de mensajería, hechos que incrementan el riesgo respecto de la evidencia aún no asegurada.
La magistrada subrayó la gravedad de los hechos al afectar la premisa fundamental de la administración profesional de recursos de terceros. En sus palabras:
Quien entrega sus recursos a un fondo no puede estar revisando personalmente cada crédito, cada pagaré, cada deudor, cada sociedad relacionada. Por eso, confía en profesionales sometidos a deberes especiales de administración, información y control de conflictos de interés.
Agregó que la complejidad técnica y societaria que justifica la administración profesional habría podido ser utilizada para comprometer recursos, distribuir redes, construir vehículos y dificultar la detección oportuna de la verdadera situación financiera.
Delitos acreditados para Clark y Larraín
En el caso de Michael Clark, el tribunal dio por acreditados los delitos de administración desleal reiterada, entrega de información falsa al mercado y negociación incompatible, en el marco de las operaciones de Sartor AGF. Asimismo, se acreditaron los delitos de fraude por omisión de OPA y lavado de activos en la compra del 63% de Azul Azul y la posterior adquisición del 90% restante de las cuotas, aunque se descartó la imputación de contrato simulado.
La jueza señaló que los antecedentes ubican a Clark interviniendo en financiamientos vinculados a Tactical Sport y la adquisición de Azul Azul, incorporando su sociedad personal como aportante del fondo y ejerciendo control sobre la sociedad adquirida. Esta convergencia, a su juicio, proporciona sustento suficiente para presumir su participación en el lavado de activos.
En cuanto a Pedro Pablo Larraín, se acreditaron los delitos de administración desleal, entrega de información falsa al mercado, estafa y apropiación indebida. Su defensa, liderada por el abogado Jaime Winter, anunció que recurrirá a todas las acciones legales disponibles, incluida la apelación.
El esquema de defraudación: una amenaza al orden económico
La Fiscalía Metropolitana Oriente detalló que los ejecutivos estructuraron un esquema en el que los fondos de inversión públicos, regulados y financiados por terceros, invertían en fondos privados utilizados como fachada para inyectar recursos a sociedades vinculadas a los propios directores de Sartor.
Se destacó el caso del factoring Emprender Capital, que presentaba graves problemas financieros desde 2018. En lugar de cobrar las deudas, Sartor AGF continuó inyectándole fondos y prorrogando pagos, para luego tomar su control a través de la sociedad Danke SF SpA, creada por los hermanos Larraín. A diciembre de 2024, estas entidades adeudaban más de $50.000 millones a los fondos de Sartor.
La jueza Moya fue categórica al diferenciar la actividad empresarial legítima de la conducta delictiva:
Los fondos podrían participar en la estrategia empresarial del grupo, pero no transformarse en la tesorería del grupo. La hipótesis que adquiere relevancia penal es que la necesidad de sostener sociedades vinculadas al grupo pudo haber desplazado el interés propio del fondo que soportaba el riesgo.
Reacción de la Fiscalía y próximos pasos
La Fiscal Regional Metropolitana Oriente, Lorena Parra, valoró la decisión del tribunal, señalando que refleja el trabajo de la Fiscalía: de los seis imputados formalizados, cuatro quedaron privados de libertad y dos con arresto parcial.
El Fiscal de Alta Complejidad Oriente, Felipe Sepúlveda, calificó el caso como un fraude de grandes proporciones, cometido en un lapso de varios años, con perjuicios que ascienden a aproximadamente US$200 millones. Además, recalcó que todas las prisiones preventivas fueron otorgadas considerando que la libertad de los imputados representaba un peligro para la seguridad de la sociedad.
La investigación se extenderá por un plazo de 120 días, durante los cuales se espera que el Ministerio Público consolide las evidencias para formalizar la acusación. Este caso constituye un hito en la protección de los inversionistas y en la defensa del orden económico que garantiza la estabilidad del país.