Contraloría confirma grave intervención irregular en atención médica de madre de exministra Aguilera
La Contraloría General de la República ha instruido la apertura de un sumario administrativo tras confirmar una grave irregularidad que atenta contra los principios constitucionales de igualdad ante la ley. El organismo fiscalizador estableció que el jefe de asesores de la entonces ministra de Salud, Ximena Aguilera, intervino indebidamente para facilitar la atención preferente de la madre de la secretaria de Estado en el Hospital del Salvador.
Violación flagrante del principio de probidad administrativa
Según el informe reservado de 32 páginas elaborado por la Contraloría, Manuel Nájera De Ferrari contactó anticipadamente a las altas autoridades del Hospital del Salvador para coordinar el arribo y atención de la madre de la exministra. Esta intervención constituye una violación del artículo 62 de la Ley N° 18.575, que establece el principio de probidad administrativa.
El documento revela que no existen antecedentes que justifiquen la atención preferente otorgada a esta paciente, mientras otros usuarios del mismo hospital esperaban hasta 123 horas por una cama básica. El tiempo promedio de espera para casos similares era de 41 horas.
Coordinación irregular y trato privilegiado
El 23 de diciembre de 2025, a las 10:00 horas, Nájera De Ferrari se comunicó por diferentes medios con los directores del Hospital del Salvador para informar sobre la identificación de la paciente y coordinar su traslado. A las 14:30, el asesor se presentó personalmente en la dirección del hospital.
Como resultado de estas gestiones irregulares, la madre de la exministra fue admitida, examinada y operada en menos de seis horas, utilizando un pabellón quirúrgico no programado desde las 11:00 hasta las 18:00 horas. Esta situación provocó la postergación de una intervención y la cancelación de otras dos operaciones programadas.
Vulneración constitucional confirmada
La Contraloría estableció categóricamente que esta situación "no se condice con el derecho a la igualdad ante la ley, garantizado en el artículo 19, N° 2, de la Constitución Política de la República". El organismo fiscalizador determinó que las acciones del asesor excedieron sus funciones como funcionario del Ministerio de Salud.
Particularmente grave resulta el caso de una paciente de 89 años que ingresó dos días antes con diagnóstico similar y mismo nivel de emergencia, pero debió esperar 45 horas para recibir atención.
Irregularidades en protocolos médicos
El informe revela que la madre de la exministra no portaba todos los documentos requeridos para su ingreso expedito a pabellón. Una enfermera declaró que, por instrucción de la jefatura, debió ingresar un diagnóstico no confirmado totalmente para agilizar el proceso.
Adicionalmente, se constató que el 24 de diciembre se modificó irregularmente la ficha clínica en el sistema, utilizando datos de usuario prestados entre funcionarias, en un procedimiento catalogado como anómalo por la Contraloría.
Llamado a establecer responsabilidades
El diputado Daniel Lilayu (UDI), quien denunció los hechos ante la Contraloría, calificó la situación como "de la máxima gravedad" y anunció que la bancada UDI evalúa enviar los antecedentes al Ministerio Público para investigar un posible delito de tráfico de influencias.
"No se trata de hechos menores ni de simples coordinaciones administrativas, sino de gestiones completamente fuera de los protocolos clínicos que no tienen justificación dentro del funcionamiento normal de una unidad de emergencia", enfatizó el parlamentario.
Este caso evidencia la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la administración pública, garantizando que todos los ciudadanos reciban un trato igualitario ante las instituciones del Estado, sin privilegios indebidos que vulneren el orden constitucional establecido.