Contraloría actúa: Desbordes pone fin a asesoría de Andrade
La Municipalidad de Santiago dio por terminado el contrato de asesoría jurídica suscrito con el exdiputado socialista Osvaldo Andrade, en medio de alertas por eventuales reparos de la Contraloría General de la República. La decisión adoptada por el alcalde Mario Desbordes el 24 de marzo pasado pone fin a una contratación que generó cuestionamientos legítimos respecto del uso de recursos públicos y la duplicidad de funciones.
Asesorías simultáneas por más de $55 millones
Andrade mantenía durante 2026 dos contratos a honorarios en forma paralela: uno con la Municipalidad de Copiapó, bajo la administración del alcalde Maglio Cicardini, por cerca de $20 millones con pagos mensuales de $3,3 millones; y otro con la Municipalidad de Santiago, renovado por aproximadamente $35,8 millones. Esta práctica, si bien no está expresamente prohibida por la legislación, resulta incompatible con los principios de austeridad y responsabilidad en el uso de los fondos fiscales que deben regir la administración pública.
Como reveló El Zorro Nortino, el vínculo con el municipio de Copiapó se extendía entre enero y junio de este año, con inicio en noviembre de 2025. En tanto, el convenio con Santiago se había renovado desde febrero de 2025.
Antecedentes que generaban dudas razonables
La figura no era nueva ni carente de precedentes. Ya en 2023, este medio había dado cuenta que Andrade entregó informes prácticamente idénticos en distintas municipalidades. Pese a esas advertencias públicas y a los cuestionamientos sobre el uso de asesorías externas, durante 2026 volvió a mantener contratos simultáneos en dos municipios.
La concejala republicana Carolina Prieto fue quien detectó la presencia de Andrade en la nómina de colaboradores municipales, cuestionando la mantención de este tipo de contratos externos, particularmente considerando las observaciones previas existentes.
Salta el tema de Óscar Andrade; según lo que haya conversado con la administración, es que en febrero se llama telefónicamente a Óscar Andrade para avisarle, de término de contrato en marzo.
El principio de legalidad y la función de Contraloría
El punto medular reside en la naturaleza de las funciones contratadas. El contrato de Andrade en Santiago contemplaba elaborar un estudio que contenga el diagnóstico y una propuesta de mejora de los actos administrativos que se sometan a la consideración de la Dirección de Asesoría Jurídica. Esta descripción guarda directa relación con tareas propias de la Dirección Jurídica municipal, cuya labor permanente es asesorar legalmente al alcalde, al Concejo Municipal y a las distintas unidades comunales, velando por el principio de legalidad.
Contraloría ha sostenido reiteradamente que las asesorías externas deben responder a labores específicas y especializadas que no puedan ser desarrolladas por las unidades permanentes del municipio. La contratación de servicios que replican funciones ya cubiertas por la planta municipal constituye un uso indebido de recursos que debe ser sancionado.
Revisión amplia a contratos externos
El caso de Andrade no sería aislado dentro de la revisión interna que realiza actualmente la Municipalidad de Santiago. Según antecedentes conocidos, el municipio ha comenzado a revisar otros contratos de abogados externos suscritos bajo la modalidad de honorarios, varios de ellos estructurados en 12 pagos mensuales y con remuneraciones promedio cercanas a los $3 millones.
Una de las tesis que circula al interior del municipio es que el contrato fue terminado antes de que el organismo fiscalizador pudiera profundizar una eventual revisión. Esta decisión anticipada refleja la conveniencia de actuar con diligencia ante señales de irregularidad, un criterio que debiera aplicarse con mayor rigor en toda la administración pública.
La fiscalización oportuna de Contraloría y la vigilancia de los concejales resultan fundamentales para garantizar que los recursos de los contribuyentes no sean destinados a financiar estructuras de asesoría innecesarias o duplicadas. El principio de subsidiariedad del Estado exige que cada peso invertido tenga una justificación clara y verificable.