Gremio del comercio advierte sobre alta cifra oculta de criminalidad por bajas denuncias
Un estudio realizado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) y Almacenes Digitales revela una preocupante realidad: más de un tercio de los almacenes chilenos fue víctima de delitos durante enero de 2026, evidenciando un grave deterioro del orden público que amenaza la estabilidad del sector comercial nacional.
Región Metropolitana lidera índices de victimización
Según los datos oficiales, el 36% de los almacenes tradicionales a nivel nacional sufrió algún tipo de ilícito durante el primer mes del año. La región Metropolitana registra la tasa más alta con un 38% de establecimientos afectados, superando el promedio nacional y confirmando la concentración del problema delictual en la capital.
Las zonas Norte y Sur presentan tasas similares del 35%, mientras que la zona Centro Norte registra el menor índice con 29%, manteniéndose siete puntos porcentuales bajo la media nacional.
Alarmante subregistro delictual evidencia desconfianza institucional
El aspecto más grave del estudio radica en la baja tasa de denuncias formales. Solamente el 44% de los comerciantes afectados formalizó los hechos ante las autoridades competentes, revelando una profunda crisis de confianza en el sistema judicial y la eficacia de las instituciones del Estado.
Esta disparidad regional es significativa: mientras la zona Norte denuncia el 64% de los delitos, la Centro Norte apenas alcanza el 32%, sugiriendo un deterioro generalizado de la confianza ciudadana en la capacidad estatal para garantizar el orden y la seguridad jurídica.
Según estimaciones de la CCS basadas en información del Servicio de Impuestos Internos, de los aproximadamente 95.000 establecimientos de este tipo que operan en Chile, se habrían registrado al menos 34.000 delitos solo en enero, de los cuales únicamente 15.000 fueron denunciados formalmente.
Impacto transversal en el sector comercial
El análisis revela que los propietarios constituyen el 49% de las víctimas directas, seguidos por los empleados (26%) y los clientes (24%). El robo de mercadería representa el 57% de los ilícitos, mientras que la sustracción de bienes empresariales alcanza el 24% y el hurto de dinero en efectivo el 19%.
Esta realidad ha obligado a los comerciantes a implementar medidas de autoprotección: el 44% de los almacenes ha instalado rejas y el 32% ha modificado sus horarios de atención, evidenciando cómo la inseguridad afecta directamente la operatividad del comercio de barrio.
Llamado a fortalecer la colaboración público-privada
María Teresa Vial, presidenta de la CCS, enfatizó "la urgencia de una colaboración público-privada robusta para implementar estrategias de prevención territoriales", subrayando la necesidad de "una acción decidida y coordinada por parte de las autoridades para proteger a los comerciantes, a sus colaboradores y a los vecinos".
Por su parte, Christián Metzel, CEO de Almacenes Digitales, advirtió que "estos resultados revelan un cambio profundo en la forma en que opera el comercio de barrio", confirmando que "la inseguridad no es solo una percepción, sino una realidad que obliga a tomar medidas drásticas".
Los datos expuestos demandan una respuesta institucional inmediata y efectiva que restablezca la confianza en el sistema judicial y garantice las condiciones mínimas de seguridad para el desarrollo de la actividad comercial en el país.