Caso Audio-Factop entra en su fase decisiva: Fiscalía solicita 17 años de presidio para Luis Hermosilla
La Fiscalía de Investigación Especializada de la Fiscalía Metropolitana Oriente ha presentado su acusación formal en el caso Audio-Factop, solicitando penas de hasta 20 años de presidio para seis imputados. El Ministerio Público pide 17 años de cárcel para el abogado Luis Hermosilla, en una de las aristas más relevantes de este proceso que marca un hito en la lucha contra la corrupción económica en Chile.
¿Cuáles son las penas solicitadas para los seis imputados?
La acusación ingresada ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago establece las siguientes pretensiones punitivas:
- Daniel Sauer Adlerstein: 20 años de presidio mayor en su grado máximo, por estafa, administración desleal, uso malicioso de instrumento privado mercantil, infracciones a la Ley de Mercado de Valores, delitos tributarios, lavado de activos y soborno.
- María Leonarda Villalobos Mütter: 18 años, por uso malicioso de instrumento privado mercantil, estafa, lavado de activos, delitos tributarios y soborno reiterado.
- Luis Hermosilla Osorio: 17 años, por delitos tributarios reiterados, lavado de activos, cohecho, soborno reiterado y tráfico de influencias.
- Ariel Sauer Adlerstein: 14 años, por estafa, administración desleal, uso malicioso de instrumento privado mercantil, delitos contemplados en la Ley de Mercado de Valores y delitos tributarios.
- Luis Flores Cuevas: 12 años, por delitos contemplados en la Ley de Mercado de Valores y administración desleal.
- Antonio Jalaff Sanz: 10 años y un día, por estafa, delitos contemplados en la Ley de Mercado de Valores, lavado de activos y delitos tributarios.
¿Por qué aumentó la pena solicitada contra Luis Hermosilla?
La nueva acusación eleva de 14 a 17 años la pena solicitada contra el influyente penalista. Este cambio responde a la incorporación de nuevos antecedentes durante la extensión de la investigación, entre ellos la arista relacionada con Parque Capital y las indagaciones sobre el ex fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra.
La investigación fue reabierta para analizar una gran cantidad de comunicaciones y declaraciones vinculadas a otras líneas investigativas. En agosto pasado, Hermosilla fue formalizado junto a Jalaff y Daniel Sauer por eventuales gestiones y pagos asociados a la tramitación de proyectos inmobiliarios.
¿Cuál es el origen del caso Audio-Factop?
La investigación reúne dos líneas que inicialmente fueron abordadas por separado. Por una parte, la causa vinculada a Factop, factoring relacionado con los hermanos Sauer y Rodrigo Topelberg; y por otra, los antecedentes surgidos tras la difusión de una conversación en la que participaron Hermosilla, Villalobos y Daniel Sauer.
El polémico audio, registrado por Villalobos y difundido por Ciper en noviembre de 2023, contenía referencias a eventuales pagos a funcionarios públicos, lo que abrió una investigación penal de mayor alcance. En enero de 2025, las distintas líneas fueron agrupadas en una causa de mayor extensión que llegó a involucrar a decenas de imputados.
¿Qué condenas previas se han dictado en esta causa?
Antes de esta acusación, la Fiscalía Oriente ya había obtenido condenas mediante procedimientos abreviados:
- Marcelo Medina del Gatto, excontador de los hermanos Sauer: cinco años de libertad vigilada y multas.
- Renato Robles, exfuncionario de la Tesorería: tres años de libertad vigilada.
- Patricio Mejías, exfuncionario del SII: cuatro años y multa de $9 millones.
- Alberto Sauer, padre de los hermanos Sauer: dos penas de 540 días por delitos bancarios.
- Rodrigo Topelberg, quien filtró el audio: cuatro años de presidio menor en su grado máximo, con remisión condicional, por estafa reiterada y emisión de información falsa.
¿Cuál es el siguiente paso en el proceso judicial?
El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago deberá fijar la audiencia de preparación de juicio oral, instancia en la que se discutirán las pruebas que serán presentadas ante el tribunal oral. Este proceso representa un avance significativo en la persecución de los delitos económicos y de corrupción que han marcado la agenda judicial chilena.
La institucionalidad chilena ha demostrado su capacidad para investigar y sancionar conductas que atentan contra el orden económico y la probidad pública, reafirmando el compromiso del Estado de Derecho con la transparencia y la legalidad.