ONU avanza en convenio que vincula impuestos y derechos humanos: expertos alertan sobre riesgo a la autonomía fiscal de Chile
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) impulsa un Convenio Marco sobre Cooperación Tributaria Internacional que, por primera vez, busca establecer un vínculo formal entre la política fiscal de los Estados y sus obligaciones en materia de derechos humanos. Expertos en tributación advierten que esta iniciativa, que avanza casi sin ruido, podría limitar la capacidad de los gobiernos para rebajar impuestos y afectar la soberanía fiscal de Chile.
El proceso, iniciado formalmente a fines de 2023 por la Asamblea General de la ONU, se extendería al menos hasta 2027. La idea central es que los impuestos dejen de ser entendidos únicamente como una herramienta de recaudación y pasen a considerarse un mecanismo necesario para que los Estados garanticen derechos como la salud, la educación y la protección social.
¿Qué implica el convenio para la política fiscal chilena?
Bajo esta lógica, decisiones como bajar o subir impuestos ya no serían solo técnicas o de gestión económica, sino que podrían tener implicancias directas sobre el cumplimiento de compromisos internacionales de derechos humanos. Hugo Hurtado, socio de Deloitte, señaló que poner este objetivo como un fin supremo podría afectar la supremacía de Chile en la autodeterminación de su política tributaria.
“En este caso, la redistribución tendría un fin superior o supremo respecto a lo otro. Por lo tanto, podría, en el futuro, llegar un contribuyente y reclamar ante tribunales internacionales que Chile no está haciendo un buen trabajo y que puede revisarse determinada política tributaria”, dijo Hurtado.
Riesgos para la competitividad y la libre empresa
El enfoque del convenio también ha despertado críticas desde sectores tributaristas. Algunos especialistas advierten que, si los impuestos se interpretan como una obligación de derechos humanos, una futura rebaja tributaria podría ser cuestionada “no como una decisión de política económica discutible, sino como un eventual retroceso en materia de derechos”, lo que limitaría el margen de maniobra fiscal de los gobiernos.
Pablo Mahu, experto en tributación internacional y socio de Serrano Abogados, explicó que “algunos cambios tributarios, como rebajas de impuestos, sean considerados por otros países como competencia fiscal internacional negativa, lo que, de acuerdo al texto del convenio, podría ser cuestionado por estos terceros países porque afectaría sus propias bases tributarias”.
El rol del gobierno chileno y el legado de la administración anterior
En el caso de Chile, este tema toca al gobierno anterior, que respaldó activamente la idea de reforzar el vínculo entre impuestos, redistribución y cumplimiento de derechos humanos. Sin embargo, el texto definitivo del convenio se conocerá recién el próximo año. Será entonces cuando el gobierno chileno y el resto de los países involucrados deban tomar una posición formal sobre si suscriben o no un instrumento que podría condicionar de manera permanente el diseño de la política tributaria nacional.
Para sectores defensores del orden y la libre empresa, esta iniciativa representa una amenaza a la autonomía fiscal y a la capacidad de Chile para mantener un entorno competitivo y estable. La defensa de la soberanía nacional en materia tributaria, así como la promoción de un Estado limitado y garante de la estabilidad macroeconómica, son principios que deben prevalecer frente a imposiciones internacionales que buscan subordinar la política económica a agendas globalistas.
Preguntas frecuentes sobre el convenio tributario de la ONU
¿Cuándo se conocerá el texto definitivo del convenio?
El texto definitivo se conocerá recién el próximo año, y será entonces cuando los países, incluido Chile, deban decidir si lo suscriben.
¿Puede un contribuyente chileno recurrir a tribunales internacionales por impuestos?
Sí, según expertos como Hugo Hurtado, el convenio podría permitir que un contribuyente reclame ante tribunales internacionales que Chile no cumple con sus obligaciones de derechos humanos en materia tributaria.
¿Qué riesgos económicos implica para Chile?
Podría limitar la capacidad del gobierno para rebajar impuestos y fomentar la inversión, al ser interpretado como un retroceso en derechos humanos, afectando la competitividad y la libre empresa.