El juez Maurício Kertzman Szporer, presidente del Tribunal Regional Electoral de Bahía (TRE-BA), ordenó este domingo 25 de octubre la detención en flagrancia de Pablo Souza, secretario municipal de Movilidad de Salvador, capital del estado brasileño de Bahía, por la retención de autobuses durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas.
La decisión se suma a una orden judicial que obliga a la Secretaría Municipal de Movilidad (Semob) y a las empresas concesionarias a restablecer el 100% de la flota, bajo una multa de un millón de reales por hora de incumplimiento, una vez vencido el plazo de una hora desde la notificación. El episodio, ocurrido en plena jornada electoral, plantea una vez más la pregunta por el respeto a las reglas del juego democrático y por la seriedad con que la administración pública gestiona servicios esenciales.
Los hechos: por qué la justicia electoral detuvo a Pablo Souza
La orden de detención fue dictada tras una presentación de la Federación Brasil de la Esperanza, integrada por los partidos PT, PCdoB y PV, según informó LA TERCERA. La organización denunció que más de la mitad de la flota de autobuses de Salvador estaba fuera de circulación durante la votación, lo que podía dificultar el traslado de electores a las urnas.
De acuerdo con la resolución judicial, una inspección realizada en las instalaciones del sistema BRT constató la presencia de varios vehículos detenidos. Un supervisor declaró que la cantidad de autobuses operativos era inferior a la habitual de los días laborales y que la reducción respondía a instrucciones de la Semob. El tribunal consideró que esos antecedentes podían constituir infracciones al Código Electoral brasileño, que sanciona toda conducta orientada a obstaculizar el ejercicio del sufragio.
Medios internacionales como Infobae y El Observador confirmaron la orden de detención, mientras que Ríodoce reportó que al menos 75 autobuses públicos permanecían retenidos en las cocheras municipales durante la segunda vuelta.
La explicación del municipio y la versión del alcalde
El alcalde de Salvador, Bruno Reis, aliado político del senador Flávio Bolsonaro, atribuyó el problema a un conflicto relacionado con la colocación de adhesivos de apoyo a candidatos del PT en los autobuses. Según su versión, representantes sindicales instalaron ese material y las empresas retiraron los vehículos para evitar posibles acusaciones de propaganda electoral irregular.
En un comunicado, la Semob informó que había ordenado liberar todos los autobuses, incluso aquellos que llevaran adhesivos de candidatos, y aseguró que el servicio retornaba a la normalidad mediante conversaciones con representantes sindicales. La resolución judicial dispuso, además del restablecimiento de la flota completa, la gratuidad de los pasajes durante la jornada.
Quién es Pablo Souza, el funcionario detenido
Pablo Souza es economista formado en la Universidad Federal de Bahía (UFBA) y cuenta con más de 17 años de experiencia en proyectos del sector público, de los cuales 12 están vinculados a la movilidad urbana y la organización de grandes eventos, según su perfil profesional citado por el medio UOL.
Su trayectoria incluye labores en la operación del transporte durante la Copa Confederaciones de 2013 y el Mundial de Fútbol de 2014 en Brasil, además de tareas relacionadas con los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. También participó en la gestión del transporte en sedes de la Copa América de 2024, disputada en Estados Unidos, y trabajó como consultor internacional de ICLEI, una red global de gobiernos locales enfocada en el desarrollo sostenible.
Souza asumió la titularidad de la Semob en febrero de 2025, tras ser designado por el alcalde Bruno Reis. Antes de ocupar el cargo, ya había trabajado en esa misma repartición como director de Planificación de Transportes. En Salvador estuvo involucrado en iniciativas como la incorporación de autobuses eléctricos, la puesta en marcha del primer electroterminal público de la ciudad y la planificación operacional del sistema BRT.
El trasfondo político del caso
El caso tiene una dimensión política evidente. Souza fue designado por un alcalde directamente aliado de Flávio Bolsonaro, y la denuncia provino de la federación que agrupa al PT del expresidente Lula da Silva. En un escenario electoral polarizado como el brasileño, la retención de transporte público en plena votación, sea cual sea su motivación, constituye una grave falta a la neutralidad que debe caracterizar a toda administración municipal.
Los tribunales electorales brasileños, herederos de una tradición jurídica que garantiza la regularidad del sufragio, actuaron con rapidez y con las herramientas que el ordenamiento les confiere: detención en flagrancia, restablecimiento del servicio y multas de disuasión. Es un recordatorio de que el Estado de derecho no admite excusas cuando lo que está en juego es el acceso del ciudadano a las urnas.
La pregunta que queda pendiente es si la justicia electoral elevará los antecedentes al ámbito penal y si la Semob cumplirá íntegramente la orden de restablecer el servicio. Lo ocurrido este domingo en Salvador deja una lección que trasciende a Brasil: los servicios públicos no pueden ser instrumento de presión política, y quien los utiliza de esa manera responde ante la justicia.
Preguntas frecuentes
¿Quién es Pablo Souza y por qué fue detenido?
Pablo Souza es el secretario municipal de Movilidad de Salvador, Bahía. Fue detenido en flagrancia el 25 de octubre de 2025 por orden del Tribunal Regional Electoral de Bahía, tras denunciarse la retención de autobuses durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas.
¿Qué ordenó el Tribunal Regional Electoral de Bahía?
El tribunal ordenó la detención de Souza, el restablecimiento del 100% de la flota de autobuses con frecuencias de día laboral, la gratuidad del pasaje y una multa de un millón de reales por hora de incumplimiento.
¿Qué versión dio el municipio de Salvador?
El alcalde Bruno Reis sostuvo que la reducción respondió a un conflicto por adhesivos de apoyo al PT colocados por sindicalistas, y las empresas habrían retirado los vehículos para evitar acusaciones de propaganda electoral irregular. La Semob afirmó que ordenó liberar todos los autobuses.