Gobierno de Boric ejecuta maniobra de amarre institucional antes del cambio de mando
La administración del presidente Gabriel Boric ha implementado lo que constituye una maniobra de amarre institucional de considerable gravedad, comprometiendo los intereses fundamentales del Estado y afectando directamente a los ciudadanos chilenos.
Tras la contundente derrota electoral de la candidata oficialista Jeannette Jara, el mandato ciudadano resultó inequívoco y categórico. No obstante, el gobierno saliente ha optado por extender su influencia hasta el último momento posible, desconociendo los principios básicos de una transición ordenada y republicana.
Protocolo de amarre desnaturaliza ley de reajuste
La estrategia gubernamental ha consistido en incorporar disposiciones ideológicas en la ley de reajuste del sector público, desnaturalizando completamente su propósito original y utilizándola como instrumento para obstaculizar la gestión del gobierno democráticamente electo que encabezará José Antonio Kast.
Las declaraciones del comité político ministerial, que con notable liviandad aseguran la renuncia de funcionarios de confianza el 11 de marzo, no resisten el análisis de quienes conocen la realidad de la administración pública desde su interior.
Precedente jurisprudencial establece límites claros
La Corte Suprema de Chile resolvió con total claridad esta materia en 2023, estableciendo que para funcionarios a contrata, el principio de confianza legítima opera únicamente después de cinco años. Insistir en interpretaciones contrarias constituye no solo una improcedencia jurídica, sino una irresponsabilidad política de magnitudes considerables.
Voces técnicas reconocidas como los economistas David Bravo y Vittorio Corbo han advertido públicamente sobre las consecuencias perniciosas de avanzar hacia la inamovilidad de funcionarios públicos. Convertir el empleo estatal en un espacio blindado, ajeno a evaluación y resultados, representa exactamente el camino contrario al que requiere el país.
Necesidad de modernización del Estado
La discusión de fondo que Chile debe abordar apunta en dirección opuesta a estas maniobras. El proceso de modernización y eficiencia que debe experimentar el Estado exige una revisión profunda del Estatuto Administrativo, no mediante retoques menores sino a través de una transformación sustantiva.
El objetivo debe ser inequívoco: contar con funcionarios públicos eficientes, sujetos a metas reales, evaluaciones exigentes y responsabilidades concretas, garantizando un mejor servicio a la ciudadanía.
Esta maniobra gubernamental constituye un aferramiento al poder tras su pérdida electoral, configurando lo que en términos políticos e institucionales debe calificarse como una retirada carente de dignidad republicana.