El protocolo de amarre: una maniobra impropia del oficialismo saliente
La administración del presidente Gabriel Boric ha optado por una estrategia de permanencia institucional que vulnera los principios básicos de la alternancia democrática y el respeto a la voluntad ciudadana expresada en las urnas.
Tras la contundente derrota electoral de la candidata oficialista Jeannette Jara, el gobierno debió haber facilitado una transición ordenada y respetuosa hacia la nueva administración que encabezará José Antonio Kast. Sin embargo, la realidad demuestra una actitud completamente opuesta: el aferramiento al poder mediante mecanismos jurídicamente cuestionables.
La desnaturalización de la ley de reajuste del sector público
La incorporación del denominado "protocolo de amarre" en la ley de reajuste del sector público constituye una grave distorsión de los objetivos legítimos de dicha normativa. Esta maniobra representa un claro intento de obstaculizar la gestión del gobierno democráticamente electo, utilizando instrumentos legislativos para fines políticos partidistas.
Las declaraciones del comité político ministerial sobre la renuncia automática de funcionarios de confianza el 11 de marzo carecen de sustento real. La experiencia administrativa demuestra que existe una práctica viciosa: funcionarios políticos que, conociendo el término de su ciclo, se niegan a abandonar sus cargos para posteriormente recurrir a la Contraloría General de la República en busca de reincorporación y compensaciones económicas.
Jurisprudencia clara de la Corte Suprema
La Corte Suprema de Chile estableció en 2023, con total claridad, que el principio de confianza legítima para funcionarios a contrata opera únicamente después de cinco años de servicio. Insistir en interpretaciones contrarias constituye no solo una improcedencia jurídica, sino una irresponsabilidad política que atenta contra la institucionalidad.
Reconocidos economistas como David Bravo y Vittorio Corbo han advertido públicamente sobre las consecuencias negativas de avanzar hacia la inamovilidad de funcionarios públicos. Convertir el empleo estatal en un espacio blindado, ajeno a evaluaciones y resultados, contradice las necesidades de modernización que requiere el país.
La necesaria modernización del Estado
Chile requiere una transformación sustantiva de la administración pública que privilegie la eficiencia, la evaluación rigurosa y la responsabilidad concreta. El objetivo debe ser contar con funcionarios públicos comprometidos con metas reales y resultados medibles, garantizando un mejor servicio a la ciudadanía.
La revisión profunda del Estatuto Administrativo se presenta como una necesidad impostergable para lograr la modernización que el Estado chileno demanda. No se trata de ajustes menores, sino de una transformación que privilegie el mérito, la eficiencia y la responsabilidad pública.
El comportamiento del gobierno saliente refleja una incapacidad para aceptar la decisión ciudadana y facilitar una transición institucional adecuada. Esta actitud, caracterizada por el aferramiento al poder cuando ya se ha perdido la confianza popular, constituye una retirada impropia que daña la dignidad institucional y los intereses superiores del Estado.