Director de la PDI rechaza que detectives imputados por secuestro cumplan prisión en cuarteles institucionales
El Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, Eduardo Cerna, ha manifestado su rechazo formal a que los tres detectives imputados en el caso de secuestro extorsivo en la Región Metropolitana cumplan prisión preventiva en recintos de la institución. La decisión fue comunicada mediante un oficio dirigido al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, en el marco de la investigación que involucra a siete detenidos, entre ellos el exfiscal Vinko Fodich.
¿Qué establece la ley orgánica de la PDI sobre la detención de funcionarios?
El oficio citado por la máxima autoridad policial hace referencia al artículo 23 del Decreto Ley N° 2.460, de 1979, Ley Orgánica de la PDI. Dicha norma dispone que los funcionarios de Investigaciones privados de libertad por resolución judicial, motivada por hechos derivados de actos propios del Servicio, permanecerán detenidos en los cuarteles de la Institución, considerados habilitados como cárceles para este efecto.
Sin embargo, el inciso segundo de la misma norma establece que aquellos funcionarios privados de libertad por hechos que no sean propios del servicio, permanecerán detenidos en cuarteles institucionales solo a petición del señor Director General. En este contexto, el documento precisa que el Director General no ha realizado ni realizará petición alguna para que los imputados cumplan una eventual prisión preventiva en dichos recintos.
¿Cuáles son las razones del rechazo institucional?
El oficio sostiene que los hechos imputados no son propios del servicio, no han ocurrido en el ejercicio legítimo de las funciones institucionales, constituyen delitos graves y pugnan absolutamente con la doctrina institucional. Asimismo, se indica que estos hechos contradicen las obligaciones y actos que deben desarrollar por mandato constitucional los funcionarios de esta Policía.
Adicionalmente, el documento señala que la PDI no cuenta con dependencias ni condiciones adecuadas para que los imputados cumplan una eventual prisión preventiva en reparticiones institucionales. Se argumenta que no existe la infraestructura adecuada, ni recintos para personas privadas de libertad por tiempos prolongados, ni dotación de personal suficiente para custodias permanentes, ni servicios básicos de salud para los imputados.
¿Quiénes son los imputados y qué delitos se les atribuyen?
El fiscal supraterritorial Miguel Ángel Orellana comunicó los cargos a siete imputados, vinculándolos principalmente a los delitos de asociación criminal, secuestro extorsivo y extorsión, además de tenencia ilegal de arma de fuego, municiones y fuegos artificiales, entre otros. El tribunal resolvió prisión preventiva para Vinko Fodich, Rodrigo Navarrete Umaña, inspector de la PDI, y Luis Moraga Parisi, primo del excandidato presidencial Franco Parisi.
El fiscal Orellana declaró que dentro de los antecedentes que justificaron la necesidad de cautela, se encontraba el hecho de que todos los imputados tuvieran plena conciencia de que el plan criminal de esta organización suponía la participación de funcionarios de la PDI. En este sentido, se hizo énfasis en levantar la alerta sobre la implicancia de funcionarios activos de la policía civil.
¿Qué implicancias tiene esta decisión para la institucionalidad?
La postura del Director General de la PDI refuerza el principio de separación entre las funciones policiales y el sistema penitenciario, así como la necesidad de que las medidas cautelares se cumplan en recintos habilitados para tal efecto. La institución ha comunicado su opinión negativa respecto al cumplimiento de una eventual medida cautelar de prisión preventiva en dependencias de la Policía de Investigaciones de Chile, subrayando que no es prudente que dicha medida se cumpla en recintos no aptos al efecto.
Este caso pone de manifiesto la relevancia de mantener el orden y la jerarquía institucional, así como la necesidad de que los funcionarios públicos respondan ante la justicia por sus actos, sin privilegios que vulneren el principio de igualdad ante la ley.