Contraloría General expone graves deficiencias de control en operaciones de Tía Rica por más de $1.500 millones
La Contraloría General de la República ha revelado serias irregularidades en el funcionamiento de la Dirección General de Crédito Prendario (Dicrep), conocida como "Tía Rica", evidenciando un preocupante deterioro en los controles institucionales que pone en riesgo la seguridad jurídica y el orden público.
Según el informe fiscalizador, la institución efectuó operaciones con 1.681 personas con antecedentes penales por un monto superior a los $1.500 millones, sin verificar adecuadamente la procedencia lícita de los bienes empeñados, configurando una grave falta a los principios básicos de control administrativo.
Ausencia de procedimientos básicos de verificación
La auditoría detectó una "ausencia de procedimientos básicos para verificar datos personales, la procedencia lícita de los bienes y la identidad de los usuarios". Asimismo, constató que no existe coordinación con organismos policiales, pese a que las especies empeñadas incluyen características útiles para investigaciones criminales como números de serie, modelos y estados de conservación.
Esta situación evidencia un debilitamiento institucional que compromete la función del Estado como garante del orden y la legalidad, principios fundamentales consagrados en nuestra Constitución Política.
Operaciones recurrentes sin control adecuado
Los hallazgos revelan un patrón preocupante de operaciones reiteradas sin supervisión apropiada. En 2023, se registraron 4.769 usuarios con transacciones recurrentes, realizando entre 10 y 229 operaciones por persona, por un total de $7.139 millones.
La situación se agravó en 2024, cuando la cifra aumentó a 4.895 usuarios con operaciones que alcanzaron los $7.290 millones, registrándose hasta 230 empeños por persona, lo que demuestra la ausencia total de sistemas de alerta y control.
Respuesta gubernamental y medidas correctivas
El ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, confirmó que el Gobierno adoptará "todas las medidas administrativas y disciplinarias que correspondan" tras la notificación de la auditoría. La autoridad instruyó a la Dicrep incorporar "de manera inmediata" las observaciones de Contraloría.
El organismo fiscalizador ordenó un procedimiento disciplinario para determinar responsabilidades administrativas y exigió el fortalecimiento inmediato de los controles internos. Paralelamente, remitió el informe al Ministerio Público para las acciones penales que pudieran corresponder.
Contexto institucional
La Dicrep, que opera desde 1920 como institución autónoma bajo la supervisión del Ministerio del Trabajo, ofrece créditos prendarios requiriendo únicamente mayoría de edad y cédula de identidad. Esta flexibilidad operativa, diseñada para facilitar el acceso al crédito popular, ha sido comprometida por la falta de controles apropiados.
El caso expone la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de control interno en las instituciones públicas, garantizando el cumplimiento de los principios de probidad administrativa y transparencia que deben regir la función pública en un Estado de Derecho.