La Cámara de Diputados aprobó este lunes 2 de noviembre de 2026 las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto que fortalece la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y prevención del delito, con lo que la iniciativa quedó despachada a ley tras un largo trámite legislativo.
Según informó LA TERCERA, el informe de la Cámara Alta fue respaldado en general por 121 votos a favor, siete en contra y seis abstenciones. Una de sus disposiciones, sometida a votación separada por su rango constitucional, obtuvo 126 votos favorables, cuatro en contra y cuatro abstenciones, lo que refleja un respaldo transversal que rara vez se observa en el actual Congreso.
Qué establece la nueva ley de seguridad municipal
El cambio más relevante es la posibilidad de que los municipios destinen hasta un 25% de sus ingresos propios a la contratación de inspectores de seguridad municipal. La medida, sin embargo, no constituye una facultad discrecional: requerirá la autorización de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), mediante un acto administrativo fundado y visado por la Dirección de Presupuestos (Dipres), tal como consignó Nuevo Poder.
La normativa también modifica los requisitos de evaluación de los inspectores, las condiciones para conducir vehículos municipales y los plazos de implementación de las nuevas disposiciones. La iniciativa modifica la ley 21.802, según consignó Diario El América al momento de su paso por el Senado.
La discusión sobre el financiamiento y las desigualdades territoriales
El debate parlamentario estuvo marcado por la discusión sobre las disparidades entre comunas con mayores y menores recursos, una preocupación transversal entre los legisladores.
El diputado Héctor Barría (DC) cuestionó que se destinen recursos a fiscalizaciones que, a su juicio, no responden necesariamente a las prioridades de seguridad.
¿Cuáles son las indicaciones a estos fiscalizadores? Saquen parte a los mal estacionados, ¿con eso resolvemos el problema de la seguridad ciudadana?
La diputada Carolina Tello (FA) respaldó el proyecto, pero planteó la necesidad de avanzar hacia un financiamiento más equitativo. La seguridad no puede depender de cuánto dinero tenga su municipalidad, indicó.
Matías Fernández (FA) respaldó la iniciativa, pero enfatizó que las modificaciones legales deben ir acompañadas de recursos. Fortalecer la seguridad municipal no puede significar que los municipios deban enfrentar solos este desafío, sostuvo.
Su correligionario Jaime Bassa (FA) reclamó que se ha dicho que no se deben aprobar proyectos sin financiamiento y que la seguridad es la prioridad del gobierno, pero que es preciso discutir cómo se cumplen las obligaciones legales en los municipios que no tienen recursos.
El diputado Cristián Tapia (IND-DC), ex alcalde de Vallenar, planteó que se trata de una nueva responsabilidad hacia los municipios y que muchos municipios rurales y pequeños prácticamente viven del Fondo Común Municipal. Cada proyecto y cada responsabilidad que se le entrega a los municipios debe venir financiado, zanjó.
Desde el Partido Socialista, la diputada Emilia Nuyado sostuvo que los municipios pequeños enfrentan una realidad rural que exige más iluminación, calles pavimentadas y viviendas, y que no se pueden seguir recortando los presupuestos de los programas sociales.
Votos a favor y reparos en la oposición
Javier Olivares (PDG) manifestó reparos al aumento del margen de gasto municipal y a la discrecionalidad en las contrataciones. Yo en lo personal no estoy disponible para entregarle un cheque en blanco a los municipios ni para dar libertades a sus alcaldes, afirmó. Olivares también insistió en que la seguridad municipal debe complementar, y no sustituir, el trabajo de Carabineros y la Policía de Investigaciones.
Germán Verdugo (PNL) anunció su voto favorable, aunque pidió elevar los estándares de capacitación y evaluación de los inspectores. La seguridad municipal puede ser un gran aporte para nuestras comunas, pero solo si quienes la ejercen están preparados, dijo.
Defensa del proyecto: plazos, evaluaciones y precisiones técnicas
La diputada Claudia Reyes (REP) defendió las modificaciones realizadas por el Senado y aseguró que estas resuelven problemas muy concretos para que esta ley funcione de verdad en todos los municipios.
Reyes explicó que la primera modificación extiende el plazo de implementación desde 60 días hasta 180 días. Es una corrección con mucho sentido común, ya que no sirve de nada aprobarla y que los municipios no tengan tiempo material para poder cumplirla, agregó.
La segunda modificación amplía las alternativas para la evaluación de idoneidad física y psicológica de los inspectores, permitiendo acudir a mutuales de seguridad y no solo a establecimientos de salud públicos o privados. La tercera precisa que la regulación de uniformes y atribuciones se refiere específicamente a los inspectores de seguridad municipal y no a cualquier inspector municipal.
Ninguna de estas tres correcciones cambia el sentido del proyecto, porque todas apuntan a que la ley se pueda aplicar en la práctica sin letra muerta ni plazos imposibles, concluyó Reyes.
El diputado Ignacio Urcullú (REP) defendió la posibilidad de que los municipios destinen mayores recursos a la seguridad pública, recordando que la norma del 25% no logró el quórum necesario en una primera votación en la sala, con 77 votos a favor, y que hoy merece un segundo análisis.
No se trata de entregar un cheque en blanco. Para usar ese 25% la municipalidad debe solicitar autorización a la Subdere, y esa autorización no es automática. Se otorga mediante un acto administrativo fundado, visado además por la Dipres, es decir, hay dos filtros técnicos antes que el municipio pueda usar ese margen de gasto, agregó Urcullú.
Tomás Kast (Evópoli) defendió la eficacia de las estrategias municipales de seguridad y rechazó que se contrapongan las comunas de mayores y menores ingresos. La seguridad no tiene código postal, mencionó, destacando la coordinación entre municipios, policías y organizaciones vecinales como herramienta de prevención.
El proyecto regula además el régimen laboral y de responsabilidades del personal contratado con fines de seguridad comunal bajo el Código del Trabajo, de acuerdo con Revista Seguridad & Defensa. La iniciativa pasará ahora a su promulgación por el Ejecutivo, tras lo cual los municipios dispondrán de 180 días para implementar las nuevas reglas.
Preguntas frecuentes
¿Qué porcentaje de sus ingresos propios pueden destinar los municipios a seguridad?
Los municipios podrán destinar hasta un 25% de sus ingresos propios a la contratación de inspectores de seguridad municipal, previa autorización de la Subdere y visación de la Dipres, según dos filtros técnicos establecidos en la ley.
¿Cuál es el plazo de implementación de la nueva ley de seguridad municipal?
El Senado extendió el plazo original de 60 días a 180 días, para que los municipios cuenten con tiempo material para cumplir las nuevas reglas, según explicó la diputada Claudia Reyes (REP).
¿Reemplaza la seguridad municipal a Carabineros?
No. Varios diputados, entre ellos Javier Olivares (PDG), insistieron en que la seguridad municipal debe complementar, y no sustituir, el trabajo de Carabineros y la Policía de Investigaciones.
¿Dónde pueden evaluarse los inspectores de seguridad municipal?
La ley permite que la evaluación de idoneidad física y psicológica se realice en establecimientos de salud públicos o privados y también en mutuales de seguridad, ampliando las alternativas disponibles.