Fiscal Garrido: Condena por triple homicidio de carabineros reafirma la vigencia del Estado de Derecho
La decisión del Tribunal Oral en lo Penal de Cañete de declarar culpables a los hermanos Yefferson, Tomás y Felipe Antihuen Santi por el triple homicidio de los carabineros Sergio Arévalo, Misael Vidal y Carlos Cisterna constituye un hito fundamental para el fortalecimiento institucional en La Araucanía.
El fiscal regional Roberto Garrido destacó que "la resolución en términos de una decisión condenatoria y el esclarecimiento del hecho no sólo repara a las víctimas, sino que también es un mensaje importante respecto de la vigencia del Estado de Derecho en esa zona".
Marco jurídico y tipificación del delito
El representante del Ministerio Público explicó que, bajo la legislación vigente al momento de los hechos ocurridos en abril de 2024, no resultaba procedente calificar el crimen como acto terrorista. Sin embargo, precisó que la normativa actual contempla estos casos considerando "los efectos desmoralizantes que produce en la población".
Los responsables presentaban un historial de violencia progresiva y manifestaban un discurso de "resistencia al Estado", aunque la motivación principal fue la sustracción de armamento y municiones a Carabineros de Chile.
Investigación y responsabilidades
Garrido confirmó que "el núcleo operativo principal que participó en el ataque a los funcionarios de Carabineros fue sometido a juicio", aunque no descartó la participación de otras personas en roles accesorios.
El fiscal estableció una distinción categórica entre las legítimas reivindicaciones de pueblos originarios y los actos delictuales que no guardan relación alguna con dichas demandas. Advirtió sobre el uso instrumental de la pertenencia étnica para ejercer presión judicial, señalando que "muchas veces las víctimas son otras personas del pueblo Mapuche".
Protocolos de seguridad y prevención
El representante ministerial identificó deficiencias en los protocolos de seguridad, explicando que los carabineros, pese a contar con vehículo blindado y equipamiento antibalas, debían exponerse al abrir las puertas para controlar medidas cautelares.
Respecto a la posibilidad de nuevos hechos de similar gravedad, Garrido enfatizó la necesidad de mantener vigilancia constante sobre los grupos criminales y perfeccionar los mecanismos de protección institucional.
Esta condena representa un precedente fundamental para la consolidación del orden público y la protección de las fuerzas del orden en una región históricamente compleja desde el punto de vista de la seguridad interior.