Antártica y Mar Austral: imperativo nacional para la defensa territorial
La República de Chile enfrenta desafíos estratégicos de primera magnitud en sus territorios australes que requieren una respuesta institucional inmediata y coordinada. Reducir la política antártica a meras consideraciones medioambientales constituye un error que compromete la integridad territorial nacional.
Fundamentos históricos de la soberanía austral
En agosto de 1831, el Libertador Bernardo O'Higgins estableció los fundamentos conceptuales del territorio nacional, distinguiendo entre el "Chile Antiguo" y el "Chile Moderno". Este último comprendía las regiones australes, la Patagonia Occidental, el Estrecho de Magallanes y, crucialmente, el espacio oceánico denominado "Mar Austral" por la cartografía internacional desde el siglo XVII.
La geografía austral permanece inalterada desde hace dos siglos. Chile mantiene su condición de Estado ribereño de dos océanos: el Pacífico y el Mar Austral Circumpolar. Esta realidad geográfica constituye el fundamento jurídico de nuestros derechos soberanos.
Marco jurídico y tratados internacionales
El Tratado de Límites con Argentina de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984 configuraron el actual marco territorial austral. Si bien Chile renunció unilateralmente a extensas áreas por razones de estabilidad regional, nunca cedió derechos sobre la proyección de la plataforma continental más allá de las 200 millas marítimas.
Esta distinción jurídica fundamental entre zona económica exclusiva y plataforma continental adquiere relevancia estratégica ante las pretensiones argentinas manifestadas desde 2009, que reinterpretan arbitrariamente los acuerdos vigentes.
Desafíos inmediatos para la nueva administración
El gobierno entrante debe abordar cinco prioridades estratégicas:
Primero, designar representación especializada para el Procedimiento de Conciliación iniciado por Argentina en 2023, defendiendo los intereses nacionales en la Comisión prevista en el TPA.
Segundo, completar los estudios geo-científicos que demuestren la continuidad geológica entre las islas australes chilenas y la Antártica Chilena, conforme al Derecho Internacional del Mar.
Tercero, revisar la extensión del Parque Marino Cabo de Hornos, corrigiendo inconsistencias que limitan artificialmente la proyección de nuestra plataforma continental.
Cuarto, implementar efectivamente el Estatuto Antártico, cuya reglamentación permanece incompleta por negligencia administrativa, perjudicando actividades turísticas y pesqueras nacionales.
Quinto, monitorear la aplicación del Tratado de Alta Mar, oponiendo resistencia principista a cualquier intento de internacionalización antártica promovido por Estados sin tradición polar.
Imperativo demográfico y geoestrategico
Los datos demográficos revelan una realidad alarmante: mientras en territorio austral chileno habitan menos de 10.000 compatriotas, Argentina mantiene presencia de 200.000 habitantes en el mismo espacio geográfico. Esta asimetría demográfica compromete la efectiva ocupación territorial.
El escenario geoestrategico global otorga creciente relevancia a los pasos marítimos australes, los recursos pesqueros y las oportunidades de bioprospección. Reducir la política austral a consideraciones medioambientales constituye una abdicación de responsabilidades soberanas.
Conclusion
La defensa de la integridad territorial austral exige una política de Estado que trascienda consideraciones partidistas. El gobierno que asumirá en marzo posee la oportunidad histórica de restablecer una estrategia austral coherente con los intereses permanentes de la República.
La soberanía no se negocia. Se defiende con institucionalidad, conocimiento técnico y voluntad política inquebrantable.
