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Informe Barclays: Política migratoria de Trump genera impacto negativo en economía norteamericana

Barclays Investment Bank advierte sobre el impacto económico negativo de las políticas migratorias restrictivas en Estados Unidos. El informe proyecta una significativa reducción en la fuerza laboral y desaceleración económica hacia 2025-2026.

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Informe Barclays: Política migratoria de Trump genera impacto negativo en economía norteamericana

Agentes de ICE durante operativo de control migratorio en zona comercial

Análisis económico revela consecuencias adversas de operativos migratorios

Un reciente informe de Barclays Investment Bank ha puesto en evidencia las consecuencias económicas negativas que están generando los operativos de control migratorio en Estados Unidos, medidas implementadas bajo la administración Trump para cumplir sus promesas de campaña.

Impacto cuantificable en la fuerza laboral

Según las proyecciones del banco de inversión, las consecuencias serán significativas para la economía norteamericana:

  • Reducción de aproximadamente 30.000 puestos laborales mensuales entre 2025 y 2026
  • Desaceleración en las ganancias del empleo privado no agrícola
  • Caída de ingresos mensuales de US$150.000 a US$40.000 hacia finales de 2025

Crisis presupuestaria en organismos de control

La situación no solo afecta al sector productivo. El Departamento de Seguridad Nacional enfrenta una crisis presupuestaria sin precedentes. Según estimaciones de Axios, ICE ya ha superado su presupuesto en mil millones de dólares, faltando aún tres meses para el cierre del año fiscal.

Efectos en sectores productivos estratégicos

Los impactos más severos se observan en zonas económicamente activas como Los Ángeles, donde comerciantes reportan una paralización de actividades comparable a la experimentada durante la pandemia. El sector agrícola también registra pérdidas significativas debido a la escasez de mano de obra.

Implicaciones legales y administrativas

La gestión de Kristi Noem en el departamento de ICE está siendo cuestionada por posibles infracciones a la Ley Antideficiencia, que prohíbe expresamente el uso de fondos públicos no aprobados por el Congreso.