Empresas y Estado deben unirse contra el criptolavado, advierte fiscalía
La procuradora general Yeni Berenice Reynoso insta al sector empresarial a unirse con el Estado para combatir el criptolavado y la ciberdelincuencia, destacando la necesidad de reformas legales urgentes.
Procuradora General Yeni Berenice Reynoso durante su conferencia en el almuerzo empresarial de AMCHAMDR en Santiago
Santiago, República Dominicana - La procuradora general Yeni Berenice Reynoso llamó a una alianza estratégica entre el sector privado y las instituciones de justicia dominicanas para combatir el criptolavado y la ciberdelincuencia durante su intervención en el almuerzo empresarial de AMCHAMDR.
Amenazas emergentes para el sector empresarial
La funcionaria, quien ha impulsado importantes reformas institucionales en el servicio público, enfatizó la necesidad de establecer una infraestructura robusta de prevención contra el ciberdelito y una legislación específica contra el crimen organizado.
Desafíos en materia de seguridad
Reynoso destacó que actualmente existen más de 899 nuevas sustancias psicotrópicas, según la ONU, representando una grave amenaza para la seguridad nacional y la salud pública. Los precursores químicos legales utilizados en la producción empresarial legítima pueden ser desviados hacia actividades criminales.
Llamado a la acción empresarial
"La seguridad ya no es un tema de TI; es un tema de estrategia y supervivencia empresarial", enfatizó Reynoso.
La procuradora instó a los empresarios a integrar la seguridad digital en sus estrategias corporativas, siguiendo el ejemplo de instituciones que han fortalecido sus marcos regulatorios y protocolos de seguridad.
Recomendaciones clave para empresas
- Evaluar vulnerabilidades técnicas y culturales
- Establecer protocolos de prevención contra el criptolavado
- Formar alianzas estratégicas con autoridades
- Implementar sistemas de monitoreo continuo
La conferencia concluyó con un llamado a la acción colectiva, enfatizando que la resiliencia empresarial dependerá de la capacidad de adaptación y colaboración entre el sector privado y las autoridades reguladoras.