Desaparición de concejala Villa Alegre: 3 meses sin respuestas
La desaparición de la concejala María Ignacia González cumple tres meses sin resultados, pese a la intervención de dos fiscales y 500 personas en su búsqueda, evidenciando desafíos en la seguridad pública.
Familiares y autoridades continúan la búsqueda de la concejala María Ignacia González tras tres meses de su desaparición
La búsqueda de María Ignacia González, concejala de Villa Alegre, cumple tres meses sin resultados concretos, pese a la movilización de más de 500 personas y dos fiscales a cargo del caso, evidenciando las complejidades en la seguridad pública en la región del Maule.
Investigación sin avances significativos
Desde su desaparición el 15 de junio, previo a un temporal que afectó la región, las autoridades han centrado sus esfuerzos en el sector La Balsa, siguiendo una triangulación telefónica. Un video recientemente revelado muestra el automóvil de la concejala en un cruce alejado del "punto cero" de búsqueda, agregando nuevas interrogantes al caso que ha puesto a prueba la capacidad del sistema judicial regional.
Cambio en la dirección fiscal
Ante la falta de resultados, el fiscal nacional Ángel Valencia designó al fiscal regional Julio Contardo para liderar la investigación, respondiendo a las demandas de las hijas de la concejala y la comunidad. Este cambio refleja la necesidad de fortalecer la institucionalidad y el orden público en casos de alta complejidad.
Movilización familiar y apoyo institucional
Las hijas de la concejala, Javiera y Camila Gallegos, han liderado diversas iniciativas para mantener activa la búsqueda, incluyendo protestas, velatones y eventos masivos. La Municipalidad de Villa Alegre, la Democracia Cristiana y la Asociación Nacional de Municipios han expresado su apoyo y preocupación por la seguridad de los funcionarios públicos.
Acciones legales en curso
Las hijas de la concejala han presentado una querella contra quienes resulten responsables, accediendo a la carpeta investigativa del caso. La investigación continúa bajo la supervisión del fiscal regional, mientras la comunidad espera respuestas que permitan esclarecer este preocupante caso que desafía la seguridad institucional.